En un momento cargado de tensiones políticas, el sector público negocia el reajuste salarial para el año 2018, en un rito que lleva años desarrollándose sin que hayan prosperado fórmulas que hagan menos conflictiva una negociación donde, habitualmente, son los ciudadanos los que sufren las consecuencias por la tensión entre el Gobierno y el sector público. Este año el gremio ha solicitado 5% y la primera respuesta de Hacienda es 1,9%, posturas que deberían acercarse en lo sucesivo. Considerando que un alza de remuneraciones debe combinar inflación y productividad, es evidente que el pliego está por encima de la realidad de la recuperación de la economía, aún frágil, pero además no parece tampoco responder a incrementos sensibles en productividad. No se puede ignorar en este contexto que los sueldos son mejores en el sector público que en el privado a igualdad de función, y que incluso los aumentos han sido mayores en el primero de ellos.
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Es de lamentar que no exista un sistema más moderno y eficiente para fijar los sueldos en el sector público y saltarse así el conflicto que se vive cada año. Debería generarse un mecanismo de reajuste que tenga como referencia lo que ocurre en el sector privado, partiendo de la base de que en este sector se asigna de manera correcta.