Chile registró el cuarto menor nivel de deuda pública bruta en América Latina el 2018

El proceso de consolidación fiscal en América Latina y el Caribe continuó en 2018 y el déficit primario del conjunto de los países de la región pasó de 0,8% del PIB en 2017 a 0,5% del PIB en 2018, de acuerdo al informe Panorama Fiscal para América Latina 2019 dado a conocer este lunes por la Cepal.

El organismo explicó que dicho ajuste se debió principalmente al recorte registrado en el gasto

primario —los gastos totales excluidos los pagos de intereses—, que disminuyó de 19%

del PIB en 2017 al 18,6% del PIB en 2018.

Sin embargo, el organismo advirtió que la mejora de la posición fiscal registrada en América Latina, la deuda pública bruta está en aumento, y alcanzó un 42,3% del PIB en 2018, frente a un 39,4% del PIB en 2017.

Este incremento refleja principalmente el comportamiento de la deuda pública bruta de Argentina, que aumentó 38 puntos porcentuales del PIB entre 2017 y el tercer

trimestre de 2018, alcanzando un nivel del 95,4% del PIB.  Sin incluir a Argentina el promedio de deuda pública de los gobiernos centrales de la región llegó a 39,2% del PIB en 2018, un aumento de 0,8 puntos porcentuales del PIB en relación con 2017.

De los 18 países sobre los que se dispone de información, en 14 de ellos se incrementó

la deuda pública bruta, y los principales aumentos se produjeron además de Argentina en Costa Rica (3,8 puntos del PIB) y Brasil (2,7 puntos del PIB).

El nivel de endeudamiento público en el Brasil alcanzó a 76,7%  del PIB y, en Costa Rica, un 53% del PIB. Mientras tanto, Paraguay presentó el nivel de deuda pública bruta más bajo de la región (un 17,3% del PIB), seguido de Perú (20,9%) , Guatemala (23,9%) y Chile , cuya deuda pasó de 24% del PIB en 2017 a 26% del PIB en 2018.

Como resultado de los esfuerzos dirigidos a la consolidación fiscal, el aporte del gasto

público al crecimiento se ha contraído, señala el informe. Al respecto sostiene que se destaca la reducción de los gastos de capital en América Latina, que pasaron del 3,6% del PIB en 2017 al 3,2% del PIB en 2018, su nivel más bajo desde 2007.

Se produjo también una disminución del gasto corriente primario en América del Sur, que podría ejercer presión sobre el gasto social, indica el informe. En cuanto a los ingresos públicos, aunque para el conjunto de América Latina se mantuvieron en el mismo nivel del año anterior (18,1% del PIB), esta estabilidad ocultó tendencias opuestas entre los grupos de países: se produjo una tendencia a la reducción en el grupo de países compuesto por Centroamérica y México, mientras que en América del Sur estos ingresos están adquiriendo mayor dinamismo.

"Los ingresos fiscales de la región siguen siendo insuficientes para financiar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Una de las principales barreras para la movilización de recursos internos es el alto nivel de evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos", advierte el organismo.

La última estimación de la Cepal sugiere que el costo de la evasión y la elusión fiscal en América Latina alcanzó un 6,3% del PIB en 2017, cifra equivalente a US$335.000 millones. La Cepal prevé también que los flujos financieros ilícitos que salen de la región como consecuencia de la manipulación de precios del comercio internacional de bienes alcanzaron a US$85.000 millones  en 2016, monto equivalente al 1,5% del PIB de América Latina.

En lo referente a los gobiernos subnacionales, los resultados fiscales de los países

más descentralizados de la región presentaron en promedio aumentos de sus déficits tanto

global como primario en 2017, como reflejo fundamentalmente de los resultados registrados

en Argentina, el Brasil y México. Esta evolución significa que el espacio fiscal con que

cuenta este nivel de gobierno se ha visto notablemente reducido a partir de 2012, como

consecuencia del aumento del gasto, el débil aprovechamiento de las bases imponibles

subnacionales, como el impuesto predial, y el crecimiento de la deuda pública.

Teniendo en cuenta que en varios países de la región la provisión de servicios básicos como educación, salud e infraestructura se ha asignado de manera creciente a los subniveles de gobierno, el estrechamiento del espacio fiscal subnacional puede afectar la adecuada provisión de estas funciones a nivel del sector público consolidado, señala el informe.