CFA alerta sobre efectos de ley de financiamiento regional y aconseja tener rol permanente

“En la medida que los gobiernos regionales tengan un mayor peso, una mirada sólo al Gobierno Central podría resultar incompleta y menos eficaz para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas", sostuvo el presidente del consejo ante la Comisión de Hacienda de la Cámara. Puntualizó además que la iniciativa no define ratios máximos de deuda ni menciona que los pagos a proveedores sean de forma oportuna, para evitar un "endeudamiento encubierto".


En el marco de la tramitación del proyecto de ley de financiamiento regional, descentralización fiscal y responsabilidad fiscal regional que se discute en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Hoy expuso ante dicha instancia el presidente del CFA, Jorge Rodríguez, sobre el rol del organismo y alertó sobre algunos efectos de la iniciativa.

“Hoy no tenemos una labor específica respecto de los gobiernos subnacionales, sino que solo del gobierno central. Cosa que en este proyecto se dan algunos pasos en esa materia para que se amplíe el rol”, indicó Rodríguez.

Y agregó que “hoy solo velamos por la responsabilidad fiscal del gobierno central. El CFA no tiene rol sobre los gobiernos regionales. Por la experiencia internacional uno puede darse cuenta que cuando hay desequilibrios muy graves en los gobiernos subnacionales eso también impacta la sostenibilidad fiscal agregada. Explícitamente no tenemos un rol hoy”.

“Como CFA no nos permite dar opiniones sobre la descentralización en si misma, pero dentro de su rol pero dentro de su rol, releva la importancia de llevarla a cabo con responsabilidad fiscal y de velar por su impacto en la sostenibilidad fiscal agregada”, agregó Rodríguez.

Luego, detalló que para analizar las implicancias en la sostenibilidad fiscal del país se debe considerar que el proyecto de ley permite a los gobiernos regionales aumentar sus propias fuentes de ingresos, obtener financiamiento mediante instrumentos de deuda y administrar activos financieros. Al respecto, dijo que esto implica cambios a la forma en que se debe analizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, ya que las variables que permiten su evaluación estarán desagregadas y tendrán heterogeneidad.

Deuda

También recordó que desde 2022 Chile se rige por una regla fiscal dual, es decir, que combina una meta de Balance Estructural y un nivel de acumulación máximo de deuda bruta -establecido por el Ministerio de Hacienda en 45% del PIB- que no debe ser sobrepasado. Sobre esto, Rodríguez dijo que estas reglas aplican solo al Gobierno Central. Como el proyecto de ley establece que los gobiernos regionales dejarán de ser parte del Gobierno Central, ello implica que el ámbito de acción de la regla fiscal vigente no los considerará.

“En la medida que los gobiernos regionales tengan un mayor peso, una mirada sólo al Gobierno Central podría resultar incompleta y menos eficaz para velar por la sostenibilidad de las finanzas públicas... Se debe reflexionar sobre la pertinencia de pasar a tener una regla fiscal dual para el gobierno total consolidado, que incluya tanto al Gobierno Central como a los gobiernos regionales”, señaló en su presentación.

Además, sobre la posibilidad de los gobiernos regionales de endeudarse, alertó que el proyecto “no menciona ratios máximos de deuda, ni umbrales para las tasas de interés. Tampoco menciona si los Gore podrán o no endeudarse para financiar ‘otros requerimientos de capital”. Asimismo, apuntó a que la iniciativa “no menciona la necesidad de que los pagos a proveedores ocurran en forma oportuna, para evitar un endeudamiento encubierto, como se han conocido casos en los municipios”. Tampoco se menciona la obligatoriedad de evaluaciones ex-ante ni ex post de las proyecciones de ingresos regionales.

Rodríguez se refirió además a las nuevas funciones que considera el proyecto de ley al CFA.

“Como CFA consideramos que es pertinente que el CFA tenga un rol respecto de la sostenibilidad fiscal regional, sobre todo en la medida que los Gore vayan aumentando su peso relativo. Sin embargo la forma en que el proyecto asigna las tareas al consejo tiene ciertas limitaciones. Las tareas del CFA sobre los Gore son solo eventuales, porque solo surgirán cuando el Ministerio de Hacienda lo estime pertinente. No se aborda la posible necesidad de un monitoreo permanente y sistemático a la sostenibilidad fiscal de los Gore”, dijo Rodríguez.

Asimismo, señaló que “podría pensarse que el CFA haga este monitoreo de forma más permanente. El CFA no podría emitir opinión cuando por si mismo identifique un riesgo fiscal en los Gore. Lo podría emitir cuando el Ministerio de Hacienda lo aconseje... si ven el informe financiero del proyecto de ley no se destina ningún recurso para fortalecer el CFA para realizar esta labor respecto de los Gore. De alguna manera se está pensando que va a ser tan esporádico que no se va a necesitar un fortalecimiento”.

Por último, desde el CFA indicaron que sería relevante que en el articulado del proyecto se considere cómo permitir que el Consejo pueda emitir opinión si detecta riesgos fiscales en el ámbito subnacional.

“A juicio del Consejo, en la redacción específica del articulado, se debe velar por: Mantener al CFA como una institución que entrega opinión no vinculante. Nuestras tareas son todas no vinculantes respecto del gobierno central. Mantener la autonomía del CFA. En particular, las nuevas tareas respecto de los GORE surgen a solicitud del Ministerio de Hacienda, debiendo de todas maneras dejarse la posibilidad para que el CFA emita opinión en caso de identificar por sí mismo riesgos fiscales en el ámbito subnacional. Mantener la capacidad operativa del CFA. El Consejo advierte que las peticiones que el Ministerio de Hacienda pudiera realizar al Consejo en las materias que señala el proyecto no van acompañadas de un fortalecimiento institucional. Por lo mismo, atender estas nuevas tareas implicaría desatender otras”, precisó el presidente del CFA en su exposición.

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