Columna de Jeannette von Wolfersdorff: “Un pacto tributario y fiscal”

A lo largo de los últimos cinco mil años, se han cobrado impuestos por casi todo en la vida. Había tributos no solo por cosechas, sino también por pájaros no capturados (en tiempos de plaga), por asesinatos no resueltos, por el uso de bicicletas, de instrumentos musicales o de oficios. A veces los tributos se aplicaron sin éxito, a veces cumplieron bien con el Zeitgeist, por ejemplo cuando ciudades alemanas introdujeron un impuesto nocturno en 1921, la época post-guerra y el inicio de los felices años veinte. Quien se quedaba en vinotecas y bares después de las 23:00 horas tenía que pagar un impuesto, lo que resultó en un éxito de recaudación. Uno no pide explicaciones a la noche, sabía Pablo Neruda, y los recolectores de impuestos lo anticiparon también.

Ya desde hace mucho tiempo había también impuestos “correctivos”. En el siglo XVII, por ejemplo, Pedro el Grande introdujo un impuesto a las barbas con el objetivo de desincentivar su uso (las detestaba). Había órdenes de esquilar en plena calle a quienes no hubieran pagado su impuesto -lo que permite adivinar las confrontaciones que debe haber habido entre quienes recaudaron y quienes debían pagar-. Ello quedó evidente ya 2.900 años atrás, en la antigua Mesopotamia: quienes violaban los mandamientos “divinos” de pagar su tributo, eran castigados con “100 golpes y 5 heridas abiertas”, como relata un libro sobre el pasado de los impuestos, del escritor alemán Reiner Sahm.

Es interesante repasar la historia tributaria, y recordar también que los impuestos tienen su origen en tiempos predemocráticos -cuando en la calle podían existir soldados cortando barbas de quienes no habían pagado sus tributos-. Hoy, cobrar impuestos requiere naturalmente no de tijeras, sino de consensos. En este sentido se lee la motivación del Ejecutivo al plantear un “nuevo pacto fiscal” en el cual el Estado plantea una mayor recaudación y progresividad del sistema tributario, mientras a la vez se compromete a un manejo más responsable de los recursos públicos.

Alineado con esta visión, la Dirección de Presupuestos (Dipres) ha presentado detalles de su agenda “Mejor Gasto” como aporte a los diálogos tributarios. Sin desconocer el valor positivo de las iniciativas presentadas, conviene precisar que no se trata de reformas estructurales, sino principalmente de gestiones en el ámbito de las buenas prácticas. ¿Necesitamos más de esa “autorregulación” o llegó el momento para una mejor “regulación” del Estado chileno?

Si aumentar la “eficiencia del gasto público” es el objetivo, ello solo puede lograrse cuando se mejora la “eficiencia del Estado”, ha escrito la Comisión del Gasto Público en su informe final, entregado al Ministerio de Hacienda (2021). La eficiencia del gasto es entonces una tarea que debiera abordarse a través de un “conjunto de reformas”, no sólo al sistema presupuestario, sino también al empleo público, al sistema de control interno y externo, y a la gobernanza y transparencia de datos. Varios de estos ámbitos cuentan ya con recomendaciones técnicas y transversales.

Acerca del gasto fiscal, las propuestas de la Comisión se entienden como lineamientos para una reforma presupuestaria. Se refieren no solo al gasto en programas públicos, sino también a la inversión pública y al ciclo presupuestario. Más allá de ello, e inspirado en Nueva Zelanda, la Comisión ha recomendado elaborar un conjunto acotado de objetivos-país, asociados a las principales áreas funcionales del gasto. Conceptualmente, ello es clave para la priorización de recursos limitados y los múltiples desafíos que deberán conciliarse en futuro, ha comentado sobre ello el Consejo Fiscal Autónomo que fue encargado por el Ministerio de Hacienda para evaluar las conclusiones de la Comisión (marzo 2021).

En resumen: mientras se busca conciliar mecanismos para aumentar los ingresos fiscales -vía mayor progresividad, crecimiento, apoyo a empresas medianas y medidas anti-evasión- conviene precisar también una reforma del Estado. Movilizaría recursos fiscales, mejoraría el gasto existente –y aumentaría la moral tributaria de los contribuyentes-.

En medio de la incertidumbre sobre estos acuerdos pendientes, se puede destacar desde ya la visión sistémica instalada en las conversaciones, no solo desde el Ejecutivo. También los empresarios -vía la Confederación de la Producción y del Comercio- han mostrado la importancia de acordar un “pacto”, más que solo una reforma tributaria, y han pedido incluir mecanismos para un mejor gasto público, y mayor crecimiento. Lograr ello sería una oportunidad enorme para Chile.