Los más vulnerables

Claudia Martínez, académica del Instituto de Economía UC


Claudia Martínez, académica del Instituto de Economía UC
Bernardita Vial, académica del Instituto Economía UC

La discusión en torno a la convención constituyente y la próxima segunda vuelta presidencial es una oportunidad para potenciar los recientes avances en políticas públicas de inclusión de personas en situación de discapacidad. El estudio nacional de discapacidad del 2015 (Endisc) indica que un 15% de las personas entre 18 y 64 años se encuentran en esta situación. La discapacidad es mayor en mujeres, y aumenta con la edad. Más aún, este número es mayor a menor nivel de educación (31% entre personas sin educación, 9% para personas con educación terciaria) y menor nivel de ingreso del hogar: un 19% de personas en el quintil de ingresos inferior se encuentran en situación de discapacidad, mientras que la figura para el 20% de mayores ingresos es del 10% (Endisc). Todo esto sugiere que las personas con discapacidad enfrentan serias dificultades para acceder a la educación formal y al mercado laboral, poniendo en riesgo su autonomía y capacidad de generar ingresos.

Los indicadores laborales confirman una situación desaventajada de personas en situación de discapacidad. Los ingresos promedio del trabajo de personas sin discapacidad reportados en esta encuesta del 2015 son de 430 mil pesos mensuales, versus 308 mil para aquellos con discapacidad. Y la fracción de ellos que reportan ingresos del trabajo es 66% en el primer grupo vs 53% en el segundo. Si bien los ingresos por subsidio son mayores en personas en situación de discapacidad (25 vs 35 mil pesos mensuales), la diferencia no permite compensar la diferencia de ingresos del trabajo.

A estas brechas en el trabajo se suma el mayor nivel de gastos que los hogares con discapacidad deben enfrentar, como son los gastos en salud, cuidados especiales y ayudas técnicas. En un trabajo reciente estimamos los gastos en salud utilizando datos de la Casen y Encuesta de Presupuestos, observando que el gasto de adultos sin discapacidad es un 57% menor que para aquellos con discapacidad.

En este contexto es relevante considerar políticas públicas para compensar estas diferencias y a la vez facilitar la inclusión de personas con discapacidad. Respecto de la compensación, en la actualidad existe el subsidio de discapacidad mental para menores de 18 años y la pensión de invalidez. En el sistema educacional, desde 2009 existen los programas de integración escolar como los conocemos hoy, que entregan una subvención especial a los alumnos con necesidades especiales (NEE) permanentes y transitorias, y exige a los establecimientos que participan a tener horas de especialistas para atender estas necesidades educativas en un contexto escolar inclusivo. Por último, el sistema de admisión escolar (SAE) permite el acceso de niños con NEE a los establecimientos educacionales en igualdad de condiciones. En el ámbito laboral, el año 2018 entró en vigencia la ley de inclusión que exige a las empresas con más de 100 trabajadores tener al menos un 1% de trabajadores con discapacidad.

Los avances en estas políticas públicas mantienen muchos desafíos en la inclusión de personas en situación de discapacidad. Por un lado, estas políticas debieran compensar en las dificultades de generación de ingresos, tanto para los cuidadores como para los adultos en condición de discapacidad. En ese sentido, se debiera corregir la anomalía de la hiper focalización del subsidio de discapacidad mental: está focalizado en hogares del 20% inferior de la clasificación socioeconómica, cuando el instrumento de focalización calculado a partir del registro social de hogares no está diseñado para distinguir tramos de vulnerabilidad en el 40% inferior. Al mismo tiempo, se debiera acompañar la igualdad en el acceso establecida a través del sistema de admisión escolar con un fortalecimiento de los programas de inclusión que permitan un adecuado acompañamiento de los niños con NEE, que mantenga equipos en los establecimientos como se señala en el decreto 170. Adicionalmente, se requieren mecanismos que permitan un aumento de cobertura del programa de integración escolar, que es complejo de implementar en escuelas de menor tamaño: al 2021 solo un 75% de las escuelas con financiamiento estatal tienen estos programas. En cuanto al trabajo, se debiera avanzar a una incorporación efectiva de personas en situación de discapacidad, para alcanzar y superar el objetivo de la cuota del 1% tanto en el sector privado como en el sector público. Esta es la oportunidad de abordar estos grandes temas.

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