Batalla sin tregua en el CBR de Santiago: “la nueva y la vieja escuela” de conservadores se enfrentan en tribunales por millonarias “utilidades”

Poco más de un año ha pasado desde que Carlos Miranda arribó a la dirección del Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes de Santiago (CBR). A 13 meses de su llegada, protagoniza una controversia con dos sindicatos de la institución ubicada en Morandé 440, pero también con uno de sus pares, el emblemático conservador de Registro de Propiedades Luis Maldonado -quien lleva 27 años en el cargo- por las denominadas “utilidades” de la institución.

La disputa comenzó luego de que el exnotario de Concepción, quien asumió el cargo en octubre del año pasado, ingresara ante el Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago una demanda de nulidad absoluta del contrato colectivo que alcanzó la institución con los sindicatos de trabajadores Nº 1 y Nº 2 del Conservador de Bienes Raíces de Santiago el 2021. En este se reguló la forma en la que los funcionarios de la institución serían beneficiados con las ganancias del CBR.

Si bien lo anterior podría definirse como una disputa entre Miranda y los trabajadores, la cual llegó hasta tribunales, el tema no quedó ahí pues el conservador también encontró la oposición de uno de sus pares. Esto porque el CBR capitalino está integrado por tres titulares: Miranda, quien está a cargo de las Hipotecas; Kamel Saquel, conservador del Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar, y Luis Maldonado, titular del Registro de Propiedades, Comercio y Agua. Este último es quien decidió cuestionar la acción judicial del exministro de fe penquista.

La demanda del titular de Hipotecas busca que el tribunal del Trabajo declare ilegal varias cláusulas del contrato colectivo alcanzado entre la institución y los trabajadores el 2021 y con vigencia hasta el 2024. A juicio de Miranda, dicho acuerdo contiene “una serie de disposiciones que vulneran la legislación laboral”.

La cláusula que busca impugnar el conservador es aquella en la cual la institución y el sindicato establecieron la forma en la que se distribuirían los ingresos y gastos del CBR. Según el conservador de Hipotecas, “este mecanismo retributivo, a primera vista, parece ser una suerte de ‘participación en las utilidades’ generadas por el CBR que beneficiaría a los trabajadores que en él se desempeñan”.

El cuestionamiento del conservador es precisamente al “estatuto” -señala- que se estableció para determinar los ingresos líquidos del CBR con el fin de fijar el porcentaje que irá al pago de remuneraciones. Y es que el contrato estableció que el 75% de los ingresos que quedan después de los gastos debe destinarse a la remuneración de los funcionarios.

A lo que agrega: “El sistema permite una intromisión indebida por parte de los trabajadores en la facultad de gestión del empleador”. El conservador asegura que aquello deriva en que el CBR “está permanentemente en la necesidad de justificar, a requerimiento de los sindicatos, la naturaleza de cada gasto incurrido”.

Otra de las cláusulas cuestionadas por el conservador Miranda es que el contrato colectivo sostiene además que existirán restricciones para ascender de grado a trabajadores, así como también para realizar nuevas contrataciones.

Sin embargo, a días de que Miranda presentara la demanda de nulidad el conservador de Propiedad, Luis Maldonado, ingresó un escrito para que se declare ilegal la presentación de su par. Aquello, argumentando que se enteró por el sindicato de la acción judicial presentada por Miranda y que fue en nombre del CBR, algo que a su juicio es ilegal porque para aquello debe contar con el acuerdo de los otros dos titulares que no fueron consultados.

El texto ingresado por Maldonado sostiene que Miranda “no me comunicó de la existencia de esta demanda ni de su posterior presentación, por lo que debe entenderse que dicha actuación es nula o, en su defecto, que está actuando a título personal, pero por ningún motivo puede arrogarse la representación por sí mismo del CRB”.

Maldonado acusa a Miranda de haber presentado un mandato judicial en el cual supuestamente firmaron los tres conservadores, el cual califica como inválido para esta ocasión. “No le ha sido conferida la representación del mencionado conservador por el resto de los funcionarios que componemos el oficio”, expone.

Ante eso, recibió otra respuesta por parte del abogado que representa a Miranda, cuestionando legalmente los argumentos esgrimidos por Maldonado. Pero el tema no quedó ahí, y es que en el mismo recurso, además, se adjuntó el correo electrónico en el que el conservador de Hipotecas habría informado a sus pares. Antecedente que en una nueva contestación Maldonado aseguró que hablaba en términos generales, por ende no se podía deducir que les estaba avisando que presentaría una demanda.

Finalmente, el último escrito presentado por Miranda contestando a Maldonado desliza que “es natural, entonces, que el Sr. Maldonado se moleste y se sienta complicado cuando, en un litigio como este, pueden salir a la luz prácticas de gestión poco prolijas o no ajustadas al derecho laboral en las que podría caberle alguna responsabilidad”.

La misma argumentación de Maldonado fue citada por los sindicatos de trabajadores del Conservador de Bienes Raíces en su respuesta, sosteniendo la ilegalidad del escrito presentado por el conservador de Hipotecas al sostener que la demanda de nulidad se presentaba en representación de la institución.

Pese a eso, más adelante, el sindicato Nº 1 afirma que el CBR y las agrupaciones de trabajadores “pactaron un sistema de remuneraciones singular o especial del oficio del conservador, en el que se determinan las remuneraciones de todos los trabajadores afectos al sistema en la forma pactada en el contrato colectivo”.

Sin embargo, la misma agrupación concluye que si dichos acuerdos han sido alcanzados en esos mismos términos desde 2006, y afirmaron que lo planteado por Miranda “no es verdad que se limite la facultad de organizar, dirigir y administrar la empresa, pues el oficio y cada conservador conserva esa facultad; los sindicatos no intervienen en ello y el contrato colectivo no se los permite, pues el único objetivo del pacto es regular las remuneraciones de los trabajadores en la forma acordada”.

Para este martes el Tribunal del Trabajo de Santiago fijó una audiencia preparatoria del caso, la cual corresponde a la etapa inicial, con la cual se dilucidará la forma del pago de remuneraciones de los funcionarios del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, y consigo... ¿el fin de la guerra entre conservadores al interior de Morandé 440? Aún no se sabe.