¿Por qué no ha prosperado el catastro de infraestructura escolar prometido por el Mineduc? Las razones de una licitación desierta

Fue en mayo de 2022 que el Ministerio de Educación encabezado por Marco Antonio Ávila decidió, dado lo antiguo del último catastro de infraestructura escolar, realizar uno nuevo por medio de una inversión que implicaba $ 3.400 millones. La promesa pública, en ese momento, fue que las visitas catastrales comenzarían el segundo semestre de 2022, que el proceso duraría entre 13 y 15 meses y que abarcaría a casi 7 mil establecimientos educacionales.

Sin embargo, nada de eso ha podido cumplirse. Ya en marzo de este año, de hecho, La Tercera daba cuenta de un retraso de al menos un año en los plazos autofijados y un mes después, en medio de una visita a una comisión mixta de Educación en el Congreso, el ministro Ávila sinceró que la licitación se declaró desierta. El director de la Dirección de Educación Pública (DEP), Jaime Veas, quien secundaba al secretario de Estado en la sesión que justamente buscaba dar cuenta del proceso de instalación de la nueva educación pública, detalló brevemente que el país se había dividido en siete macrozonas para llevar adelante el catastro, “y respecto de la presentación de propuestas recibimos tres y ellas están fuera de bases. En los otros casos no recibimos propuestas, por lo tanto tenemos que avanzar hacia un nuevo proceso licitatorio”.

Pero ¿por qué ocurrió esto? ¿Cuáles fueron las razones técnicas para que la licitación fracasara tan estrepitosamente?

Aunque hasta febrero la DEP insistía (ya lo había hecho otras veces a lo largo del mismo proceso) en anunciar nuevos plazos de adjudicación -el 2 de ese mes señaló que la fecha límite sería el 6 de abril-, apenas cinco días después de ese supuesto vencimiento, mediante una resolución exenta firmada por Paulina Sáez, directora (s) de la DEP, el Mineduc declaraba desierto el proceso.

El detalle de esto dice que, como se ha explicado, para efectos del catastro se dividió al país en siete macrozonas: Arica, Iquique, Antofagasta, Atacama y Coquimbo (Macrozona 1); Valparaíso y Rancagua (Macrozona 2); Metropolitana (Macrozona 3); Maule y Ñuble (Macrozona 4); Biobío (Macrozona 5); Los Ríos y La Araucanía (Macrozona 6); Los Lagos, Aysén y Magallanes (Macrozona 7).

Así, se presentaron tres interesados: Ingeniería e Inversiones Fernández Limitada, que ofertó para las macrozonas 2 y 5; DRS Gestión Integral de Proyectos Limitada, que se interesó en las macrozonas 2 y 3; Telespazio Argentina S.A., que sólo ofertó para la macrozona 3. Es decir, hasta aquí, sólo habían recibido ofertas para efectuar el catastro las macrozonas 2, 3 y 5.

Con todo y según se lee en la resolución exenta, el 26 de diciembre de 2022 se constituyó la comisión evaluadora, instancia que el 10 de febrero sugirió declarar inadmisible las ofertas presentadas por Ingeniería e Inversiones Fernández para la macrozona 5 y por Telespazio Argentina para la macrozona 3 “por cuanto no alcanzan el puntaje mínimo para calificar”. Asimismo, propuso declarar inadmisible la oferta de DRS Gestión Integral de Proyectos para la macrozona 3, “toda vez que no se acreditó que el título de arquitecta otorgado por una universidad extranjera a doña Rossybell Escalona se encontrara reconocido y habilitado para el ejercicio de la profesión en Chile”.

Asimismo, ese día la comisión evaluadora consideró que las ofertas de Ingeniería e Inversiones Fernández y DRS Gestión Integral de Proyectos, ambas para la macrozona 2, daban cumplimiento “a la totalidad de las exigencias mínimas contenidas en las bases de licitación, por lo que continúan en el proceso de evaluación”.

Ahí se dio paso a la evaluación de las ofertas económicas presentadas por estas dos empresas: Ingeniería e Inversiones Fernández informó un monto total de $ 771.189.363, mientras que DRS Gestión Integral de Proyectos presentó una por $ 1.307.188.800, obteniendo la primera 3,93 puntos (escala de 1 a 7) como puntaje final de la oferta y la segunda 3,78 conforme a lo establecido en las bases administrativas. En vista de esto, la comisión recomendó adjudicar la macrozona 2 a Ingeniería e Inversiones Fernández.

Considerando la diferencia de casi 500 millones de pesos entre ambas ofertas, se solicitó al Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional elaborar un informe “indicando las razones técnicas y económicas de dicha diferencia, con la finalidad de determinar la viabilidad de la adjudicación”, según se lee en la resolución exenta. Dicho informe señaló el 3 de abril de este año que la oferta de Ingeniería e Inversiones Fernández presentaba “un error de cálculo” en la sumatoria del subtotal -lo que llevaba a que en realidad la oferta final tuviese que haber sido de $ 785.965.093-, así como detectó que la diferencia de mayor importancia con su competidor estuvo en el ítem “Total Equipamiento”, con poco más de 250 millones de pesos, “aún cuando las bases técnicas definen claramente el equipamiento requerido. No justificándose dicho monto”.

Lo anterior llevó a que, según se lee en la misma resolución exenta, “de los antecedentes que obran en el proceso y considerando especialmente lo informado por el Departamento de Infraestructura y Equipamiento Educacional, es posible concluir que no existen razones técnicas y económicas que permitan justificar la adjudicación de la línea o macrozona 2 al oferente propuesto (Ingeniería e Inversiones Fernández) por la comisión evaluadora”. Paralelamente, al analizar la segunda mejor oferta (DRS Gestión Integral de Proyectos), en la resolución se detalla que “se estimó que al superar el presupuesto referencial estimado en un 167%, no existen razones objetivas que justifiquen su adjudicación”. Lo anterior, estima el acta, lleva a que ambas ofertas “no resultan convenientes para los intereses institucionales al superar ampliamente el presupuesto referencial estimado”.

Por todo lo expuesto, la directora (s) de la DEP resolvió declarar “inadmisibles las ofertas presentadas por Ingeniería e Inversiones Fernández (macrozona 5); DRS Gestión Integral de Proyectos (macrozona 3); y Telespazio Argentina (macrozona 3) “por no dar cumplimiento a los requisitos establecidos en las bases administrativas”, así como que resolvió declarar desiertas las macrozonas 1, 3, 4, 5, 6 y 7 “por no haberse presentado ofertas o, en el caso de haberse presentado, estas fueron declaradas inadmisibles de conformidad a lo establecido en las bases administrativas”. Pero, además, declaró desierta la macrozona 2 “por considerarse fundadamente que las ofertas presentadas no son convenientes para los intereses institucionales”.

¿Qué viene ahora para el Mineduc? ¿Hay alguna autocrítica por haber anunciado que el catastro comenzaría “en el segundo semestre” tan anticipadamente? ¿Insistirán con un nuevo llamado a catastro? Si es así, ¿corregirán las bases para que no ocurra lo mismo que en el proceso ya detallado en esta nota?

Consultada la cartera por La Tercera PM, desde la Dirección de Educación Pública (DEP) aclararon primero que “la declaración de deserción de la Propuesta Pública obedece principalmente a que participaron pocos proveedores. Debemos recordar que esta licitación contaba con 7 líneas de adjudicación, cada una correspondiente a una macrozona territorial y sólo se presentaron ofertas para 3 macrozonas (N°2, Valparaíso - Rancagua, N°3, Metropolitana, y N°5 Biobío). De ellas, las ofertas presentadas para las macrozonas N°3 y N°5, no dieron cumplimiento a las exigencias mínimas indicadas en las bases de licitación, por lo que fueron declaradas inadmisibles sin poder ser evaluadas”.

Y agrega que “continuaron en el proceso de evaluación sólo las ofertas presentadas para la macrozona N°2, las que superaban el presupuesto estimado en un 60 y un 167 por ciento, y no justificaban las altas sumas en el ítem de equipamiento, por lo que fueron desestimadas al no considerarse convenientes para los fines institucionales”.

¿Se hace alguna autocrítica al interior del ministerio? Desde la DEP señalan que “el llamado a licitación para llevar a cabo el catastro de infraestructura educacional se realizó el 26 de octubre de 2022, y si el proceso que se ha visto retrasado no es ningún caso por voluntad de la institución, sino porque no han habido suficientes ofertas y/o porque algunas de ellas superan el presupuesto estimado”.

Añade que “seguiremos impulsando este catastro porque es necesario para nuestro país, al mismo tiempo que seguimos atendiendo a las necesidades de infraestructura de nuestro sistema educativo, a través de la inversión que ya se está haciendo para reparar establecimientos mediante proyectos de infraestructura de emergencia, que permitió en 2022 asignar $50.395 millones a 454 establecimientos de 192 comunas del país, beneficiando a más de 160 mil estudiantes”.

Finalmente, la DEP sostiene que actualmente un grupo multidisciplinario se encuentra trabajando en alternativas para recurrir “a contrataciones directas respecto de las macrozonas en las que no se presentaron ofertas o en las que estas fueron declaradas inadmisibles, al considerarse un servicio estratégico e indispensable para la Nueva Educación Pública”.

Y cierra: “De forma paralela, este equipo revisa las bases de la licitación pública declarada desierta, realizando reuniones semanales con la finalidad de generar las adecuaciones que se estimen necesarias para alcanzar un pliego de condiciones que represente un equilibrio entre las exigencias técnicas y la disponibilidad presupuestaria, considerando siempre los factores particulares de cada macrozona”.