Al menos cinco comunas y casi una veintena de establecimientos educacionales han suspendido clases por narcofunerales, balaceras o inseguridad

Valparaíso, Pedro Aguirre Cerda y, ahora, Calama. Como si colegios, escuelas y liceos no tuvieran suficiente con su propia crisis educativa y la violencia derivada que de tanto en tanto se ha visto al interior de los establecimientos, otra crisis -la de seguridad- también ha ido torpedeando al sector.

Y es que si el martes 21 de marzo más de una decena de establecimientos educacionales (entre liceos, jardines y universidades) vieron afectadas sus jornadas por el narcofuneral del ‘Ñaju’ en Valparaíso, este miércoles Calama vivió lo propio por las balaceras registradas la noche del martes en la ciudad. Ello llevó a la Seremi de Educación de Antofagasta junto al municipio a suspender las clases para todos los recintos calameños.

“El mejor guardador -porque esto es grave- es el padre, madre o familia. Si siente ese temor es muy válido. No mande a su hijo a la escuela hasta que esta situación se normalice como corresponde”, dijo el alcalde Eliecer Chamorro, quien, según cuentan en su entorno, analiza mantener la suspensión como medida de presión al gobierno para que se encuentren soluciones.

Valparaíso y Calama no han sido, sin embargo, las únicas comunas que han debido suspender sus clases por problemas de seguridad externos a los establecimientos.

La semana pasada, en Pedro Aguirre Cerda, el Colegio Arcángel Gabriel informó a su comunidad que el miércoles 12 suspendería sus clases “debido a que en el perímetro más próximo a nuestro colegio se está realizando un velatorio de alto riesgo. Les pedimos tomar las medidas del caso y resguardar la seguridad propia y de sus menores”. No era, en todo caso, la primera vez de una medida así en la comuna, puesto que en marzo un jardín infantil ubicado en la población La Victoria había suspendido la jornada por balaceras a causa de un suicidio de una persona de 18 años.

“Esto ha alterado el funcionamiento del consultorio, del servicio de urgencias. También tuvimos que suspender las clases, tanto en la escuela como en el jardín infantil. Esto no es primera vez que ocurre”, señaló esa vez el alcalde Luis Astudillo.

Justamente, la normalización de este tipo de solución a los hechos violentos externos es lo que ha llevado a tener miradas distintas incluso a algunas autoridades.

“Es una buena decisión que un establecimiento diga ‘voy a suspender las clases’, con recuperación probablemente, un día en que hay un fenómeno en una población que puede ser y que puede poner en riesgo a los estudiantes. Sabemos que eso es lamentablemente una condición dada por cómo ha ido avanzando, no solo en nuestro país, sino que varias circunstancias que están asociadas a estos actos que son derechamente delictuales”, dijo Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, apenas conocida la suspensión de clases en Valparaíso, dichos que, por cierto, luego tuvo que precisar, sobre todo después de encontrar un amplio rechazo, incluso de autoridades del propio gobierno a lo expresado, como la ministra del Interior, Carolina Tohá.

“Yo no tuve todos los antecedentes para ver la perspectiva general. Sin duda alguna, tal como lo ha señalado la ministra del Interior, no puede ser el narco el que establezca el calendario escolar”, volvió a aclarar el secretario de Estado hace pocos días en T13.

Pero, aunque las ganas del ministro apuntan a que no sean factores externos los que determinen el día a día de escuelas y liceos, lo cierto en que ejemplos de que así ha ocurrido en Chile a lo largo de este año abundan. Hay incluso más que los ya mencionados.

Y aunque los ejemplos sobran, solicitados en el Mineduc por su propio registro de clases suspendidas por hechos de violencia externos a los establecimientos educacionales, hasta el cierre de esta edición no hubo información concreta.

Y es que entre miércoles 5 y jueves 6 de abril, la Escuela Los Estandartes de Copiapó tuvo que suspender las clases debido a un funeral de alto riesgo, mientras que el jardín infantil Amanecer -ubicado en la misma comuna- tuvo que mover sus actividades a otras dependencias.

Casi una semana antes de eso, aunque en una medida que no es nueva, el Instituto Nacional de Santiago suspendió sus clases a causa del Día del Joven Combatiente. “Informamos que de acuerdo a los últimos acontecimientos y para resguardar la seguridad de los miembros de la comunidad educativa, se ha determinado la suspensión de actividades académicas para el miércoles 29 de marzo”, comunicó la dirección a la comunidad educativa.

Hay otro caso de suspensión por una amenaza externa que se vivió en el colegio Miguel de Cervantes de Punta Arenas a mediados de marzo. “Todos en el Cervantes morirán mañana. Tiroteo”, fue lo que publicó un usuario en redes sociales, lo que llevó a la dirección del establecimiento a tomar la medida. Dos días antes, en Antofagasta, el Liceo Bicentenario Andrés Sabella Gálvez corrió la misma suerte luego de una amenaza de atentado a través de Instagram, lo que llevó a la Corporación Municipal de Desarrollo Social y al seremi de Educación a suspender las clases para la jornada del lunes 13 de marzo.

Desde el Mineduc señalan que si bien la normativa indica que la suspensión de clases es una decisión del sostenedor, esta medida requiere ser conversada y autorizada desde cada Seremi de Educación previo a su aplicación. “Esto es muy importante, porque lo que se busca es resguardar el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes, lo que requiere que el servicio educativo esté operativo en las escuelas”, dicen, antes de añadir que en los casos en que los sostenedores definan suspender clases, “estos siempre deben planificar su recuperación, sobre todo considerando el contexto de reactivación en que se encuentra nuestro sistema educativo, donde la asistencia a clases es fundamental”.