Jardines infantiles: padres sólo pueden conocer sanciones vía Transparencia

Apoderados de niños no cuentan con información inmediata para decidir sobre qué establecimiento elegir. Superintendencia de Educación utiliza este método para entregar datos sobre denuncias de maltrato.


¿Qué es lo primero que se pregunta un padre o apoderado al momento de buscar un jardín o sala cuna para un niño? Probablemente le preocupa la seguridad, higiene, infraestructura, calidad de las educadoras y por sobre todo que sea un lugar donde su hijo o hija no sea víctima de maltrato.

Al consultar por información sobre estos aspectos, tanto en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) como en la Superintendencia de Educación la respuesta es la misma: no existe un listado o base de datos a la que cualquier persona pueda acceder para saber si un jardín o sala cuna tiene denuncias, multas o sanciones por problemas de maltrato, higiene, seguridad y/o infraestructura.

La única alternativa que tienen los padres es la Superintendencia de Educación, quienes actualmente tienen a cargo las fiscalizaciones de los recintos, y para obtener datos sobre estas materias hay que elevar una solicitud a través de la Ley de Transparencia, cuya respuesta puede demorar más de 20 días hábiles.

Hasta marzo de 2017 la Junji fiscalizaba los establecimientos de este tipo, pero con la nueva normativa es la Superintendencia, a través de la Intendencia de Educación Parvularia, la que se encarga de supervigilar y sancionar las anomalías que se puedan presentar. Desde agosto de 2019 los jardines públicos deberán contar con reconocimiento oficial del Ministerio de Educación (Mineduc) y aquellos pagados tendrán que tener autorización de funcionamiento.

Al consultar a la Junji por la información disponible respecto de los recintos parvularios públicos y privados en la institución, indicaron que “existe un listado de jardines infantiles y salas cuna de la Junji en nuestro sitio web www.junji.cl, donde los padres pueden encontrar los establecimientos públicos y privados que tienen autorización de la Junji para funcionar. Los jardines que no aparecen en el listado no tienen esta autorización. Por lo que no está certificado que cumplan con las exigencias para desempeñarse, por ejemplo, en los términos que se señalan en su consulta, como buen trato, higiene o infraestructura”.

Sin embargo, este listado sólo ratifica que el recinto cumplió con las exigencias para funcionar, pero no entrega detalles de si alguna vez ese ha sido denunciado o sancionado por aspectos como el maltrato de un menor.

“Si los padres quisieran tener más detalles acerca de los establecimientos de educación parvularia de su interés, pueden solicitarlos a través del Sistema de Información y Atención Ciudadana (SIAC) en el sitio web de la Junji, o por medio del portal de Transparencia. Lo anterior, en atención que dicho acceso a la información se encuentra reglado en las leyes N° 19.628 Sobre Protección de datos, y N° 20.285 Sobre acceso a la información pública”, indicaron en la Junji.

Ante la misma consulta realizada en la Superintendencia la respuesta fue similar: “En caso de requerir datos específicos de un establecimiento de educación parvularia, en relación a denuncias o eventuales sanciones, las familias pueden realizar la solicitud mediante Acceso a la Información Pública”.

Para el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, “es una lástima que los chilenos tengan que hacer solicitudes de acceso a la información y esperar 20 días hábiles hasta que se les entregue la información, cuando esta es información que por su sensibilidad social debiese estar disponible de manera activa y focalizada”. Y agregó que este proceso hace que “sea engorroso para un papá el poder tomar una decisión”.

Sobre el número de denuncias y sanciones tramitadas por esa institución, la Junji indicó que “las denuncias sobre maltrato incluyen necesariamente información de personas que eventualmente estuvieron involucradas en dichas situaciones, y que tienen reglas de protección (…) establecidas en la ley”.

Agregaron que “respecto al catastro de los casos de infraestructura o seguridad de los últimos cuatro años, ello involucra una cantidad considerable de trabajo y destinación de profesionales a dicha tarea. Por dicha razón, sugiero que la consulta se pudiera hacer a través de protocolo de Transparencia, para apegarnos a las normas que regulan este tipo de materias”.

En tanto, la Superintendencia indicó que el total de denuncias por maltrato llega a 657 y por problemas de infraestructura y salubridad a 143 presentaciones (ver recuadro).

El director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, planteó que “existe poca información respecto de los jardines infantiles, es un aspecto débil del sistema que tiene que mejorarse y que además es fundamental bajo una lógica de libre elección, que es un sello característico del sistema chileno. Uno esperaría que se ponga énfasis en poner a disposición información sobre los jardines entendiendo también que eso contribuye a mejorar la calidad”.

En esa línea, el abogado experto en Educación, Jorge Barrera, indicó que “la nueva normativa, que obliga a los jardines privados a tener autorización de funcionamiento y a los públicos a contar con reconocimiento oficial del Mineduc, es una oportunidad para crear este registro con toda la información necesaria para que los padres tomen una buena decisión”.

La subsecretaria (s) de Educación Parvularia, Paula Godoy, planteó que con la nueva institucionalidad “las familias deben estar tranquilas, pues contamos con un marco que, a través de la Superintendencia, vigila y protege a nuestras niñas y niños”.

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