Gobierno aún no habría definido si respaldará denuncia ante la FNE por venta de 32% de SQM

litio

Previo al cambio de gobierno, el ex vicepresidente de Corfo, Eduardo Bitran presentó la denuncia para impedir que Tianqui o cualquier otra firma controlada por el Estado chino compre dicha participación.


El gobierno aún no habría definido si respaldará la denuncia presentada la semana pasada por el ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, Eduardo Bitran, ante la Fiscalía Nacional Económica (FNE) para impedir que la china Tianqui o cualquier otra empresa controlada por el Estado de ese país adquiera el 32% que la canadiense Nutrien posee en SQM.

"No hay una decisión (de respaldar o no) este tema (...) En este caso, en particular, tenemos que analizar bien los alcances", dijo una fuente de gobierno a la agencia Reuters respecto a la denuncia presentada dos días antes el cambio de mando.

"Es un tema que tenemos que ver. La política de Chile, en general, no es bloquear por nacionalidad. Bloquear por nacionalidad no cuadra", agregó la fuente.

En la denuncia se acusa que Tianqi Lithium-una de las principales candidatas para quedarse con el paquete accionario- o cualquier empresa con la que esté relacionada, hace efectiva la operación sobre la firma chilena podría generar una distorsión en el mercado del litio.

Ello porque tal como lo explicó Bitran en el documento dirigido al fiscal nacional Felipe Irarrázabal, además de SQM, el Salar de Atacama es explotado por la estadounidense Albemarle, la que a su vez es socia de Tianqi en Talison Lithium.

Asimismo sostiene que el efecto también se vería en el desarrollo de la electromovilidad, ya que el intento de China de controlar la materia prima, sería una barrera para el desarrollo de autos eléctricos en otros países desarrollados.

Dado lo anterior, y el impacto a nivel global que se pueda tener la concentración que se produzca si Tianqi u otra empresa asociada al gobierno chino entra a la propiedad de SQM, es que Bitran solicitó a la FNE la necesidad que se actúe de manera coordinada con entidades que resguardan la libre competencia de otros países, los que podrían a su juicio entregar más antecedentes en una posible investigación.

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