Luego de que los senadores Hernán Larraín (UDI) y Patricio Walker (DC) ingresaran un proyecto de acuerdo para solicitar al gobierno crear una comisión especial para indagar las muertes al interior del Servicio Nacional de Menores (Sename), basándose en las experiencias de las comisiones Valech y Rettig (que recopilaron antecedentes sobre torturas y desapariciones en casos de violaciones de derechos humanos en el régimen militar), los mismos parlamentarios plantearon la necesidad de que esta instancia fuera encomendada a algunos nombres en específico, donde destaca la figura del sacerdote jesuita Fernando Montes.

Ello, pues a juicio de los parlamentarios que impulsan esta iniciativa -la cual debe ser apoyada por el Ejecutivo-, en algunos de los fallecimientos de 243 menores en centros del servicio existirían vulneraciones a los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes. Para abordar este proyecto, junto con su visión sobre el organismo, el sacerdote conversó con La Tercera.

¿Le gustaría estar en esa comisión especial?

Celebro que se esté buscando una forma de ir al fondo de las cosas, pero a mí no me hablado nadie sobre esto. Si yo puedo ayudar en algo, lo hago feliz, porque el tema merece ser investigado, y uno no puede restarse, aunque no sé si sea la persona más apta. En Chile hay expertos referente a estos contenidos, y si bien yo he sido educador, creo que hay gente apta para esto, pero si yo puedo aportar, cuenten conmigo. Creo que nadie podría decir que no.

¿Qué le parece que se diga que se vulneraron los derechos humanos de los menores, y por eso es necesaria una investigación especial de este tipo?

Obviamente que si se comprueba que hay descuido es una gravísima lesión a los derechos de las personas, de los niños básicamente, pero actualmente no tengo toda la información y los datos detalladamente para dar un juicio puntual. Sin embargo, insisto, si hubo niños fallecidos que necesitaban cuidados o si hubo maltrato en algunos casos, eso es vulneración de derechos.

Hay muertes que no tienen una causa concluyente, es decir, no se sabe por qué fallecieron esos menores...

Eso es por lo menos extraño, porque me imagino que la muerte de un niño debiese estar en los registros de defunción. Se debiese tener constancia de qué murió esa persona y qué cuidados se le dieron para tratarlo.

¿Falló el Estado en el cuidado histórico de los menores o hay responsabilidades particulares?

Primero que nada, hay que conocer los datos exactos, y ahí obviamente que hay una falla al no tener toda la información, pero uno de antemano no puede culpabilizar si no sabe exactamente qué es lo que pasó en todo esto. Por lo menos, en esto no hay seriedad en los datos, y eso, en algo de esta envergadura, es serio. Hay que generar las instancias necesarias para que esto nunca más vuelva a ocurrir.

Se han tomado algunas medidas de acción. Se inyectarán más recursos al Sename. ¿Le parece que se están haciendo bien las cosas para solucionar esta denominada crisis?

Creo que ante todo hay que dar normas muy claras: elegir a las personas más aptas. Con los datos que uno tiene, de lo que entrega el Estado para niños y adolescentes carenciados no alcanza a cubrir los gastos y necesidades que tienen los menores, sobre todo cuando se trata de niños; por ejemplo, como lo que ocurre en el Pequeño Cottolengo. En ese lugar hay niños verdaderamente con carencias, ya que las familias no los pueden tener, ni cuidar, por lo que se requieren muchos insumos médicos para tratarlos, y eso es carísimo. Lo otro que me parece importante es que, obviamente, en una institución como el Sename, debido a su importancia y envergadura, siempre va a haber abusos, por lo tanto, y hay que tener cuidado en no generalizar casos puntuales que allí ocurren. Hay que investigar a fondo estos hechos, de todas maneras castigar si hay culpabilidad, pero no hay que generalizar para que la gente que trabaja ahí no se sienta con esa enorme carga encima.