“He llamado al fiscal nacional y mandado mensajes, pero no recibo respuesta”, repetía molesto el alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, el miércoles 23 de marzo, luego de conocerse que el Ministerio Público había ordenado abrir un sumario en contra del fiscal Oriente, Ernesto Navarro, por haber compartido información sobre causas judiciales asociadas a narcotraficantes de la comuna para el derribamiento de las casas asociadas a quienes están formalizados en este tipo de investigaciones.
La molestia de Carter era hacia el fiscal nacional, Ángel Valencia, pues luego de la mediática demolición de una casa en la población Los Quillayes, en La Florida, el persecutor, primero, había valorado la medida, y después, respaldó la apertura de un sumario contra el fiscal que proporcionó la información para ejectutar la medida.
Esto les valió a ambas autoridades un “round”, donde Carter, incluso, advirtió un “balazo por la espalda” por parte del fiscal Valencia, al respaldar la apertura de un sumario contra el fiscal Oriente. Sin embargo, el fiscal nacional siempre intentó apaciguar los ánimos, incluso, ordenó crear un protocolo para regular la entrega de información a los municipios.
“Los fiscales vamos a seguir compartiendo información con los municipios para rendir cuenta al trabajo que realizamos y transmitirlo a la comunidad (...). El detalle de esa información -compartida en el correo a Carter- tiene que regirse a lo que establecen nuestras leyes y nuestra reglamentación interna”, dijo Valencia el jueves 23 de marzo.
Por lo mismo, para acercar posiciones y fijar los límites en la entrega de información desde la Fiscalía hacia los municipios, es que Carter se reunirá con el fiscal nacional, a las 18.00 del lunes 27 de marzo.
La cita fue solicitada el jueves 23 de marzo por el propio alcalde de La Florida, quien -vía oficio- solicitó la cita. “A través de esta comunicación oficial, vengo a solicitar a usted conceder, a la brevedad posible, una audiencia de carácter institucional, en la que podamos conocer su visión y definiciones sobre la coordinación que el Ministerio Público y la Municipalidad de La Florida deben mantener para desarrollar el trabajo relacionado al combate contra el crimen organizado y el narcotráfico”, partió exponiendo Carter en el documento.
Además, en el documento que recibió Valencia se lee que “en lo específico, y dados los hechos de público conocimiento y de alta connotación social, también estoy interesado en conocer su análisis sobre la demolición de caletas de narcotráfico que nuestro municipio está impulsando desde enero de este año, en el marco de la Política de Recuperación de Barrios de nuestra comuna”.
El interés de ambas autoridades es zanjar la polémica y avanzar en un trabajo institucional colaborativo. De todas formas, Valencia podría hacer ver al alcalde lo inoportuno de haber mostrado el correo entre el municipio y el fiscal Navarro, pues este hecho -según acusó la Asociación Nacional de Fiscales- “expuso” al investigador en una materia tremendamente delicada, como lo es la persecución del narcotráfico.
Es por eso que la cita será clave para definir cómo será la comunicación entre el municipio y el Ministerio Público, donde Valencia no se ha mostrado contrario a la medida, siempre y cuando se apoye en las normas que facultad al municipio para eso, y donde se establezcan canales oficiales para intercambiar información.
La demolición de las denominadas “narcocasas” es algo que Carter ha advertido que seguirán realizando, pues cuenta con un listado de una veintena de viviendas asociadas a formalizados por tráfico de drogas, ya en carpeta para su demolición.