Para entender una arista de la actual crisis migratoria, la Unidad de Investigación y Datos y el equipo de Narrativas Interactivas de La Tercera realizó el especial: “Migrantes: Expulsiones ilegales”.
Se trata de dos reportajes y una visualización de datos que indagan la actual política de deportaciones del gobierno. Uno de ellos muestra un panorama completo de las historias, relatadas en sus recursos de amparo, de personas que lo dejaron todo y cruzaron fronteras a través de playas, desiertos, líneas de tren y minas antipersonales.
El especial retrata a migrantes que provienen de países que viven fuertes crisis humanitarias y que evidencian la desesperación por falta de oportunidades, los deseos de reunificar a sus familias y, en casi todos los casos, una expectativa de regularizar sus papeles para conseguir trabajo e iniciar una vida en otro país.
En cada uno de estos casos, las sentencias favorables del máximo tribunal del país anularon las deportaciones. Algunas de estas resoluciones judiciales llegaron a tiempo. En otras ocasiones los tiempos del Poder Judicial no fueron suficientes, el migrante fue detenido, en menos de 24 horas subido a un avión y enviado de vuelta a su país de origen.
Para conocer cada una de sus historias, y los detalles que rodean a su expulsión, haz click aquí: La migración a Chile en 715 expulsiones. Seguiremos profundizando en sus experiencias en próximas entregas.
La pugna que enfrenta al gobierno con la Suprema
El especial también incluye otras dos aristas más. Una de las principales herramientas del gobierno para enfrentar la actual crisis migratoria han sido las expulsiones administrativas contra migrantes que han ingresado por pasos no habilitados.
En el Ejecutivo están convencidos de que este es el camino para que el mensaje hacia afuera quede claro: quien ingresa de forma irregular, será expulsado.
Sin embargo las expectativas de La Moneda se han visto obstaculizadas por la Corte Suprema. La Segunda Sala del máximo tribunal, en más de 400 fallos, ha establecido que el actuar del Ejecutivo en materia de deportaciones no se ajusta a derecho, no respeta el debido proceso y por lo tanto estas expulsiones son ilegales.
El Ministerio del Interior defiende su actuar ya que, dicen, el asunto se trata de interpretación jurídica. Por lo mismo no van a frenar su política de deportaciones.