El más reciente informe de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU denuncia que la policía de Perú hizo un uso “innecesario y excesivo de la fuerza ante las protestas masivas” ocurridas durante las primeras semanas de noviembre provocadas por la crisis política que vivía el país vecino.
El documento, realizado por la misión que visitó Lima entre el 17 y el 22 de noviembre, fue publicado jornada y destaca el incumplimiento de normas y estándares internacionales de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad peruanas.
Cabe recordar que los expertos llegaron hasta la capital peruana a raíz de una invitación del gobierno de Francisco Sagasti, para recabar información sobre presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante protestas para cuestionar la legitimidad del presidente interino, así como para expresar otros motivos de descontento social.
Entre sus principales hallazgos, el informe señala que agentes de la policía no distinguieron entre manifestantes pacíficos -que eran la mayoría- y una minoría que presuntamente actuó de forma violenta.
En referencia a grabaciones de audio y video disponibles, entrevistas con víctimas y testigos, así como registros médicos, el documento asegura que la policía disparó perdigones con escopetas de calibre 12 y cartuchos de gas lacrimógeno directamente contra la cabeza y la parte superior del cuerpo de los manifestantes, de manera indiscriminada y a corta distancia. Resultando, dos manifestantes fallecidos por perdigones de escopeta y más de 200 heridos.
“El derecho internacional es claro: las personas tienen derecho a reunirse pacíficamente y las reuniones solo pueden ser dispersadas en casos excepcionales”, comentó la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet.
En esa línea, Bachelet señaló que, potencialmente, la fuerza letal solo podría usarse contra personas específicas para hacer frente a una amenaza inminente de muerte o lesiones graves.
La Alta Comisionada subrayó que todas las denuncias de violaciones de derechos humanos deben ser investigadas de manera rápida, independiente y exhaustiva, notando que algunas investigaciones preliminares ya han sido iniciadas.
También destacó la importancia de que el gobierno reconociera públicamente que se cometieron violaciones. “El reconocimiento es el primer paso hacia la rendición de cuentas y para evitar la repetición. El gobierno ha formado una comisión para dar seguimiento a las acciones en favor de determinadas víctimas. Sin embargo, es fundamental que el mando policial también reconozca que se cometieron violaciones de derechos humanos”, expresó.