La Araucanía: los intentos de diálogo y gestiones de Justicia para bajar la huelga

“Hoy (ayer) hemos tenido una reunión en la gobernación provincial de Malleco con voceros representantes de las personas que están en huelga de hambre en la Cárcel de Angol; en ella pudimos dar cuenta de los avances y cambios que se han hecho en materia penitenciaria a la luz del Convenio 169 de la OIT”, dijo anoche el subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela.

“Sin perjuicio de ello, nos comentaron los voceros que tienen una propuesta respecto de la aplicación del Convenio 169 que esperan poder transmitirla directamente al ministro de Justicia. Por eso, en el contexto de los diálogos interculturales en materia penitenciaria, que desde el Ministerio de Justicia iniciamos en julio, les extendimos una invitación para participar este viernes y darla a conocer allí”, agregó la autoridad.

El encuentro en Angol se inició pasadas las 17 horas y duró poco más de dos horas. Además del subsecretario Valenzuela asistieron el gobernador, Juan Carlos Bernal; el lonco Víctor Queipul y los werkenes Rodrigo Curipán y Daniel Melinao, entre otros.

Las últimas han sido semanas tensas en La Araucanía, tras la huelga de hambre iniciada hace tres meses por 11 comuneros que están en la cárcel (entre ellos el machi Celestino Córdova, condenado por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay), quienes piden que se les autorice el arresto domiciliario total mientras dure la pandemia.

La semana pasada fue descarrilado un tren de carga en Collipulli y destruida una antena de la DGAC, junto con ataques a vehículos forestales. Y el reciente fin de semana, Carabineros desalojó cinco municipalidades de la zona que, como una forma de apoyo a los huelguistas, estaban tomadas desde el 27 de julio.

“El fin de semana hubo episodios complejos y graves, donde patrullas militares fueron atacadas con armas largas. Hay evidencia de uso de munición de guerra”, dijo ayer el ministro de Defensa, Mario Desbordes.

La situación es compleja. En medio de ese escenario, el gobierno ha subrayado que quienes se encuentran privados de libertad lo están porque así lo determinó un tribunal imparcial e independiente. Además, en el Ministerio de Justicia se sostiene que el Convenio 169 de la OIT (al que apelan los mapuches para conmutar su pena) señala que “deberá darse preferencia a tipos de sanción distintos al encarcelamiento”. Por esto, piensan en el Ejecutivo, que no está prohibido que en casos graves se haga efectiva la privación de libertad.

Sobre este punto, ayer la vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue clara: “Este es un tema de larga data y para aquellas personas que están cumpliendo condena se dictó una sentencia que fue revisada en todas las instancias”. Concluyó que “hay que cumplir la condena”.

Fuentes de Justicia señalan que se han gestionado espacios de diálogo con quienes están en huelga de hambre. Durante la segunda quincena de julio se reunieron con el machi Celestino Córdova, para informarle sobre las modificaciones a la reglamentación penitenciaria con un enfoque intercultural y ancestral. También se han propuesto reuniones con los comuneros junto al INDH y el Colegio Médico. Sin embargo, aseguran las mismas fuentes, las instancias han sido rechazadas.

Ayer, tras el encuentro del subsecretario Valenzuela en Angol, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, destacó que “el gobierno tiene verdadero interés en avanzar para resolver un tema de larga data que no ha tenido solución hasta la fecha, y que dice relación con la situación de las personas que están privadas de libertad y que pertenecen a los pueblos originarios”.

Añadió que “nuestra idea es modificar la normativa de manera de hacerla compatible en todo su sentido con las normas internacionales. También estamos atendiendo en forma más directa las necesidades de las personas privadas de libertad del mundo mapuche. Hemos tenido a la vista las inquietudes que han manifestado en el último tiempo y hemos estado oyendo las peticiones de aquellos que se han declarado en huelga de hambre, particularmente el machi Celestino Córdova y de los comuneros de Angol”.

A juicio del secretario de Estado, “lo que hemos oído en reuniones en la Cámara es que el vocero, Rodrigo Curipán, ha hecho mención a la necesidad de hacer un diálogo más bien de carácter político, que sumado a las peticiones que hacen de devolución de las tierras ancestrales y otros, nos pone en una situación que escapa al ámbito de trabajo de nuestro ministerio. Sin embargo, tenemos la convicción de que se puede avanzar en este espacio que, aunque sea limitado, resulta importante también para ellos; por ello, hemos perseverado y seguiremos perseverando en abrir caminos de diálogo”.

El Ministerio de Justicia recibió el pasado 4 de julio una carta de la Oficina Regional del Alto Comisionado para los DD.HH. de la ONU en la que se propusieron medidas para modificar el sistema penitenciario, para asegurar la dignidad de los internos pertenecientes a pueblos originarios.

El 29 de julio se dictó la resolución exenta 3925 que establece nuevas disposiciones sobre el reglamento. El instructivo establece que se procurará aplicar un enfoque intercultural en la evaluación de la conducta para el proceso de reinserción social. También, se autorizó el ingreso de médicos pertenecientes a los pueblos originarios y de medicinas tradicionales. Asimismo, en el nuevo reglamento se entiende que la huelga de hambre desarrollada en forma pacífica no será susceptible de consecuencias disciplinarias y se asegurarán espacios para manifestaciones espirituales, entre otros.