Nueva Convención 100% electa con voto obligatorio, fijación de quórums y plazo de seis meses: Socialismo Democrático fija ejes para nuevo proceso constitucional

Una reunión sostuvieron este martes en el Congreso de Valparaíso los senadores del PPD y PS, que forman parte del Socialismo Democrático. ¿El motivo? Terminar de zanjar una propuesta que desde hace un par de semanas venían conversando y cuyo objetivo es darle continuidad al proceso constituyente. Esto, tras el aplastante triunfo del rechazo a la propuesta de nueva Constitución el pasado domingo en el plebiscito.

Así, en la cita se terminó de afinar un documento -al que tuvo acceso La Tercera-, en el que los senadores fijan sus ejes para el nuevo proceso. El texto, que ya fue socializado con parlamentarios y con las directivas de ambas colectividades, se dio a conocer en un día marcado por el profundo cambio de gabinete que realizó el Presidente Gabriel Boric -y que plasmó el ingreso del Socialismo Democrático al comité político- y en la antesala de la reunión que encabezaría durante la tarde el Mandatario con las distintas fuerzas políticas para dar continuidad al camino constitucional.

“Concordamos en la necesidad de un rápido acuerdo en el Congreso para convocar una nueva Convención Constitucional y que el Socialismo Democrático exponga al país los contenidos de su propuesta para la nueva Constitución, recogiendo las históricas reivindicaciones democráticas y de derechos sociales que hemos defendido y las que hicimos en el curso de este proceso”, comienzan señalando los senadores del PS y el PPD en el documento.

Entre los aspectos que destacan están el establecimiento de quórums, que se considere el trabajo del proceso constituyente impulsado por la expresidenta Michelle Bachelet y la propuesta emanada por la extinta Convención.

En esa línea, en el texto señalan que “el Socialismo Democrático, que forma parte del Apruebo derrotado, tiene que explicitar su autocrítica de no haber logrado sobreponerse ni superar los errores que llevaron a este fracaso. Asimismo, tendrá que poner el énfasis en lo que viene, establecer nítidamente su posición y retomar el diálogo con aquella parte de la centroizquierda que se inclinó por el Rechazo. Hay que invitarlos a la reflexión del que hacer y hacerlos parte del diseño”.

Los parlamentarios, además, se mostraron contrarios a un plebiscito de entrada previo a la elección de nuevos convencionales. “A nuestro juicio, el Congreso debe abocarse inmediatamente a la definición de una nueva Convención Constitucional, validando la decisión del plebiscito de 2020. Ello reduce la incertidumbre y da un cauce rápido al proceso constituyente. En cambio, si se plantea la idea de un nuevo plebiscito de entrada se retrasa todo el proceso”.

“La sola discusión de cuáles son las alternativas a consultar puede dilatarse, exige un plazo para organizar y realizar tal plebiscito de entrada y, luego, eventualmente daría lugar a otra elección de una Convención. Ello podría postergar el inicio del nuevo debate hasta Marzo de 2023″, explicaron para fundar su punto.

Por ello es que aseguraron que “el país necesita resoluciones rápidas. Es necesario reducir la incertidumbre constitucional, esto es, despejar el procedimiento, dar una señal de estabilidad y fijar un plazo relativamente breve para su resolución”.

Es así como proponen diez criterios, que a su juicio, deben aplicarse en este nuevo proceso constituyente.

El primer punto que plantean es precisamente desechar el plebiscito de entrada y que el Congreso se aboque de lleno a definir el mecanismo y el plazo de este nuevo órgano. “La Convención Constitucional debe ser 100% electa, en una nueva elección a realizarse en noviembre, de modo que ella se pueda instalar en enero de 2023. Esta elección de la nueva Convención deberá realizarse con el mismo padrón del plebiscito del 4 de septiembre de 2022 y con voto obligatorio”, sostuvieron.

Plantearon también que el reglamento del órgano debe ser el que rige a la Cámara o el Senado y que “la nueva Convención debe trabajar sobre la base de la deliberación de los procesos impulsados por la Presidenta (Michelle) Bachelet en 2016, la recepción de propuestas de la Convención y el texto de la propuesta de la Convención, de modo que la nueva Convención entre directamente al debate normativo”.

Sobre el plazo de trabajo, los senadores del Socialismo Democrático fijan que sea de “un máximo de 6 meses y que su propuesta sea sometida a un plebiscito de salida, a celebrarse un mes después. Ello permite que cuando se conmemoren los 50 años del Golpe, en septiembre de 2023, tengamos una nueva Constitución democrática, que simbólicamente exprese el cierre de ese ciclo”.

También dan cuenta del quórum que se debiese ocupar para la aprobación de normas por parte del pleno: “Debe ser la de los 4/7 recientemente aprobada o el de 3/5. Ello permite preservar una amplia mayoría para sus normas y evitar el bloqueo de minorías, como quedó en evidencia en la Convención”, explicaron.

Por otra parte propusieron que este nuevo órgano esté compuesto por 100 convencionales, a los que se sumarían los escaños supranumerarios de los pueblos originarios.

Sobre la elección de los integrantes del órgano hay una serie de cambios en la propuesta de los senadores PS y PPD respecto a lo que fue el proceso original. Entre ellos, que se efectúe mediante listas de partidos o pacto de partidos actualmente vigentes, que los partidos incluyan independientes en sus listas, que además sean listas cerradas en la prelación de sus candidatos, “lo que facilita la inclusión de expertos que no tienen experiencia como candidatos”. Agregan que las listas deben ser paritarias, bajo la modalidad “cebra”, y que “deben ser constituidas por candidatos de al menos 10 regiones y ninguna región puede estar representada por más de un 35% de una sola región. Ello evita la sobre representación de la RM y le permite formar listas nacionales a partidos más ‘chicos’”.

Sobre la elección de los escaños reservados, en uno de los nudos que se resolvió en las conversaciones, se estableció que, además de ser supranumerarios, éstos se definan “por los electores que participen en la elección de representantes indígenas, de acuerdo a la proporción de votación respecto de la elección de las listas nacionales”. También se acordó que “la representación de los candidatos de pueblos indígenas será en proporción a la elección entre ellos” y que “los candidatos de los distintos pueblos indígenas podrán conformar pactos entre ellos”.

También proponen que se mantengan los criterios de borde definidos en la reforma constitucional de 2019: “Esto es, aquellos criterios que la nueva Constitución debe respetar (República, vigencia de los tratados internacionales, etc.)”. Asimismo, se propone la conformación y elección de una comisión de 35 expertos “elegida en forma proporcional a sus mayorías, para que sea la única instancia de asesoría técnica de apoyo a su trabajo y que acompañe el proceso para una correcta redacción jurídico-constitucional del proceso”.

El texto concluye afirmando que “la reforma constitucional que habilite el proceso debe articularse en el Congreso en la misma semana del 5 de septiembre, en un diálogo directo con el Ejecutivo, la Asociación de Municipalidades y actores de la sociedad civil, y tramitarse antes del 18 de septiembre, para que el país tenga un acuerdo y un cronograma que le otorgue certeza y tranquilidad”.