En julio del año pasado comenzó a regir en el país la llamada Agenda Corta Antidelincuencia la cual permitía a los carabineros realizar controles preventivos de identidad a mayores de edad en lugares públicos o privados  con acceso al público (como bares o teatros, por ejemplo).

Tras la solicitud del diputado Leonardo Soto, Carabineros redactó un oficio en el que se revela que entre enero y septiembre se han realizado 1.876.919 controles de identidad (377.268 el primer trimestre, 667.048 el segundo y 832.603 el tercero), de los cuales el 1,84% (un total de 34677 personas) ha terminado en detención. En todo este periodo ha habido sólo 24 reclamos al respecto.

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En 2015, cuando la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados aprobó con unanimidad la iniciativa presentada por la entonces ministra de Justicia, Javiera Blanco, sobre el control de identidad, el diputado Soto, en ese minuto presidente de la Comisión, comentó que el proyecto "no tendrá la virtud de ser una gran herramienta que pueda reducir los niveles de delincuencia", asegurando que el control ya existe en el artículo 85 del Código Procesal Penal y que es "intensamente utilizada por las policías".

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