Por estos días, un conflicto arbitral de alto vuelo está en manos de la abogada y profesora de la Universidad Católica Carmen Domínguez Hidalgo. Se trata de un litigio que une un antiguo contrato por 90 años y connotados abogados del barrio El Golf.

A inicios de septiembre, la Orden de los dominicos (denominada Los Padres de la Provincia San Lorenzo Mártir de la Orden de los Predicadores de Santo Domingo en Chile), presentó una demanda arbitral contra de Inmobiliaria Centros Comerciales I SpA (sociedad administrada por el grupo BTG) y pidió declarar el término del usufructo que constituyó en 1993 sobre el inmueble que alberga el Mall Vivo El Centro y que es operado por BTG Centros Comerciales.

Según la demanda, los incumplimientos del banco de inversión son graves, ya que se ha negado a soportar la sobretasa del impuesto territorial por la existencia del mall, a pesar de ser el único que recibe los ingresos que genera. Esto implica que la orden se haga cargo de una millonaria deuda.

La orden religiosa acusó a BTG Pactual de haber hipotecado el usufructo para garantizar obligaciones propias y de terceros, en beneficio de un universo indeterminado de acreedores, lo que, según la demanda, contraviene lo acordado por el contrato, que establece límites a la enajenación.

Para Los dominicos, los incumplimientos evidencian “indolencia y abuso”. De hecho, en su presentación sostuvo que estos actos ponen en peligro su situación financiera y su subsistencia en el país, además de arriesgar su titularidad sobre un patrimonio histórico nacional.

A cargo de la defensa de la orden están Gerardo Otero Vial y Vicente Portales, socios fundadores de Fix Abogados, mientras la defensa de BTG es liderada por dos socios de Barros y Errázuriz: José Tomás Errázuriz y Javier San Martín. También tiene poder de representación por BTG el exministro Felipe Bulnes.

Todo comenzó cuando el 2 de agosto de 2020, el operador del mall, -que en ese entonces era VivoCorp- exigió a la orden religiosa católica que pagara la sobretasa de impuesto territorial por la exigencia del centro comercial. Luego vino un intercambio de cartas entre VivoCorp y la orden entre el segundo semestre de 2020 e inicios de 2021. En estas cartas, la orden exigió que el conglomerado se hiciera cargo del gravamen tributario.

La postura manifestada por VivoCorp de negarse al gravamen tributario posteriormente fue seguida por BTG Pactual. Ello, luego que el centro comercial pasara a manos de esta última en enero de 2021 y tras ser la continuadora legal de Inmobiliaria Mall Puente SpA.

Para la agrupación religiosa, la negativa a soportar la sobretasa es gravísima por parte de BTG Pactual. Por una parte, amenaza su misión y sus obras benéficas. Por otra, la expone a perder el inmueble en usufructo por remate si es que no logra obtener los recursos necesarios para pagarla.

Dicha negativa ocasiona a la orden un grave perjuicio cada año. Sin considerar que sobre el Lote 2 (paño en el que se ubica el mall), la orden debe pagar una sobretasa anual de aproximadamente $5 millones, en virtud de otros inmuebles de su propiedad. Pero al incluir el Lote 2 y el mall, la sobretasa anual se dispara cuarenta veces a cerca de $200 millones, dado el uso comercial que la demandada hace de la propiedad. Hoy la agrupación se expone a un pasivo de aproximadamente $565 millones por la sobretasa devengada y aún impaga durante los años comerciales 2020, 2021 y 2022. Considerando reajustes e intereses devengados, la deuda podría ascender a aproximadamente $770 millones. La orden no dispone de esa cantidad de dinero, ha explicado a BTG.

Hace una semana, Inmobiliaria Centros Comerciales I SpA optó por no contestar la demanda y presentó una “excepción dilatoria de ineptitud del libelo”. La acción, en términos simples, busca hacer correcciones de forma al requerimiento de la agrupación religiosa.

Para la sociedad, la demanda planteada por la congregación no solicita peticiones concretas que se suscriban a su eventual responsabilidad. En esa línea, sostuvo que existe una “falta de la exposición clara de los hechos y fundamentos de derecho que sustentan la petición”.

Además, agregó en su presentación que “las ineptitudes que se han denunciado son trascendentes procesalmente, ya que no sólo afectan y entorpecen el derecho de defensa de ICC y hacen inentendible, en algunas partes, las pretensiones y fundamentos de la demanda, sino que además inciden en extender el pronunciamiento de este tribunal arbitral, respecto de terceros ajenos a este proceso, que no han sido legalmente emplazados y que quedan fuera del ámbito de la jurisdicción del tribunal”.

A través de una declaración por escrito, BTG Pactual respondió a Pulso: “La Congregación, por la que tenemos el mayor respeto, el año 1993 y por un período de 90 años, entregó el usufructo del terreno para la construcción del hoy denominado Mall Vivo El Centro, el que Inmobiliaria Centros Comerciales I SpA adquirió, en 2021, y en plena operación”.

Y agregó: “El proceso arbitral iniciado por la Congregación versa sobre una discrepancia respecto al pago de sobretasas y solicita la terminación del usufructo. Revisados los antecedentes por parte de nuestros asesores legales, tenemos la convicción que lo demandado es improcedente. El proceso se encuentra en su fase inicial”.