En Chile, existe una línea imaginaria pero tremendamente poderosa: el límite urbano. De un lado, lo urbano; del otro, lo rural. De ambos lados rigen en paralelo la Ley General de Urbanismo y Construcciones (LGUC); y las leyes ambientales, siendo éstas últimas más nuevas que las anteriores. El por qué no se entrelazan, no lo sabemos, especulamos que hubo poco conocimiento de la LGUC al respecto, porque muchas veces ambas operan en planos distintos, pero lo cierto es que comparten un objetivo común: administrar adecuadamente el territorio y velar por su sustentabilidad.

Esa supuesta dicotomía es una ficción institucional que, en los hechos, debiera superarse con voluntad política, criterio técnico y visión de país. La planificación del uso del suelo, ya sea para construir viviendas o para conservar ecosistemas, debe hacerse desde una mirada integrada y coherente, no desde compartimentos estancos que impiden avanzar hacia una convivencia armónica entre desarrollo y naturaleza.

En el área rural, lamentablemente, reina muchas veces la desidia, la inexperiencia y la falta de comprensión de cómo se deben hacer bien las cosas. Se olvida que fuera del límite urbano lo que debe imperar es: más verde, más naturaleza y una regulación estricta sobre los usos del suelo, porque cuando eso no ocurre, los ecosistemas se fragmentan, los servicios ambientales desaparecen y, en definitiva, vamos matando el planeta y empobreciendo nuestra calidad de vida. También lo hacemos más feo, más seco y más inhabitable.

Frente a este funesto escenario, surge una propuesta concreta de la Fundación Defendamos La Ciudad, abordada en una reunión sostenida el 12/06/2025 con el Subcontralor General de la República, tal es: permitir en la región metropolitana, el uso de hasta un 5% del terreno en área de preservación ecológica (APE) para vivienda, solo en aquellos predios donde su propietario constituya un Derecho Real de Conservación (DRC) conforme a la Ley N° 20.930, protegiendo, de esta manera, el 95% restante. La lógica es clara: permitir una mínima habitabilidad que sea complementaria a la vocación conservacionista del terreno, sin transgredir la normativa y en total coherencia con lo que el propio planificador del PRMS (intención del planificador) quiso preservar: zonas vitales para frenar la desertificación, preservar corredores ecológicos y evitar la expansión urbana descontrolada.

Los usos definidos en los DRC son perfectamente compatibles con la protección ambiental y con un modelo territorial ordenado. Por eso resulta preocupante que algunas voces estén solicitando a la Contraloría General de la República que anule su Dictamen E281581, de 2022, que raya la cancha, pretendiendo abrir paso a “interpretaciones” que facilitarían un uso más amplio de esta área para fines habitacionales descontrolados, con una subdivisión del suelo que se hizo en función de cómo obtener más lotes de 5.000 m2. Pero el PRMS es claro: la vivienda no está permitida porque no se trata de un área urbana, y abrir esa puerta sería borrar el límite urbano y caer en el libertinaje territorial. ¿De verdad queremos eso?

La Fundación ve que el camino es otro. Es ordenar, planificar, unir las leyes urbanas con las leyes ambientales, y entender que solo así podemos alcanzar un equilibrio real. En vez de desmembrar y urbanizar sin sentido, debemos fomentar la agrupación de estos terrenos con fines ecosistémicos, restaurando su valor ambiental y funcional. No olvidemos, por otro lado, que tanto el DRC como el artículo 2.1.25 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones (OGUC) están vigentes y ofrecen una oportunidad concreta para avanzar hacia esa integración.

Desde aquí, hacemos un llamado urgente a la Ministra del Medio Ambiente, Maisa Rojas, para que haga suya esta iniciativa y dialogue con la Contralora, Sra. Dorothy Pérez, ya que esta última le pidió su opinión. Es importante además que esté presente, la Seremi Minvu, Sra. Carolina Casanova, a quien le compete la planificación del área excluida del desarrollo urbano en la región metropolitana.

Es hora de actuar con decisión, para que esta propuesta no se eternice en la burocracia sin sentido. Tenemos las herramientas, tenemos la voluntad: ahora falta la acción coordinada entre instituciones que, en vez de competir, debieran actuar en conjunto. Porque, al final del día, Urbanismo y Medio Ambiente no son enemigos, son aliados naturales en la tarea más importante que tenemos: cuidar el territorio que todos habitamos.

Por Cynthia Ross, arquitecta, integrante del Proyecto OTAS- RM.