A un año del 18 de octubre: Dos caras del estallido social

FOTO:SEBASTIAN BROGCA/AGENCIAUNO


Hoy se cumple un año del llamado estallido social, episodio que sin duda marcó la vida política y social del país como ningún otro en la historia reciente y cuyas consecuencias aún están por dilucidarse, toda vez que hay procesos que recién comienzan, como el plebiscito nacional de la próxima semana, que determinará la voluntad de cambiar la Constitución.

Lo que sucedió a partir del 18 de octubre pasado, no es algo sencillo de analizar. Por una parte, representa uno de los episodios más violentos ocurridos en Chile desde el regreso a la democracia, provocando la destrucción de 41 estaciones del Metro de Santiago y generando saqueos, vandalismo e incendios en una gran cantidad de recintos privados. Lo anterior generó una alteración en la vida de la personas y fuertes enfrentamientos entre diversos grupos y carabineros, algo que tuvo al país en una sensación de descontrol durante varias semanas.

Casi en paralelo a ello, aparecieron también masivas manifestaciones en contra de una serie de situaciones, como los abusos, la colusión, la inequidad, todas las cuales tuvieron su máxima representación en la marcha del viernes 25 de octubre, cuando solo en Santiago se congregaron cerca de 1,2 millones de personas, una cifra histórica.

Teniendo a la vista estas dos situaciones, la violencia y las demandas sociales, es que, luego de acoger la solicitud del Presidente de la República, los partidos políticos firmaron el Acuerdo por la paz y la nueva Constitución, en donde se establecía un compromiso para el restablecimiento del orden público, el respeto a los derechos humanos y la institucionalidad democrática, al tiempo que se configuró un sistema para la elaboración de una nueva carta magna.

Pasado un año del estallido social, hay luces y sombras. Respecto de la paz social, existe una alta preocupación por los niveles de violencia que persisten en el país. En esto es evidente que el coronavirus trajo consigo una pausa, pero en las últimas semanas se ha visto un rebrote preocupante, siendo el día de hoy un gran test al respecto. Importante en ese sentido es el llamado de la mayoría de los partidos políticos a condenar la violencia y a promover que la mejor forma de expresarse es a través de la participación electoral en el plebiscito de la próxima semana. Pero, así como es fundamental la condena general a todo hecho de violencia, también está en juego la capacidad del gobierno y de Carabineros para asegurar el orden público, algo que ha resultado complejo de lograr. En esto último han incidido actuaciones de la fuerza policial permeadas por el excesivo uso de la fuerza -que incluso han derivado en acusaciones de violaciones a los Derechos Humanos-, creando desconfianza en la ciudadanía; pero también por visiones ideológicas en ciertos sectores de la sociedad que deliberadamente han buscado neutralizar la acción de control del orden público, lo que es una forma de consentir la violencia.

Los acontecimientos del 18 de octubre también constituyeron un potente llamado de atención sobre una serie de problemas sociales que son reales y de los cuales resulta imprescindible hacerse cargo. Por ello quedarse solo con la imagen de la violencia, aun cuando condenable, es cortoplacista. No puede perderse de vista que, pese a los avances económicos que muestra Chile en los últimos años, existen problemas urgentes que solucionar en términos de equidad, acceso a servicios básicos de calidad y pensiones, por mencionar algunos. En esto la clase política, los empresarios y los dirigentes en general tienen que reaccionar para buscar solucionar problemas que se arrastran desde hace demasiado tiempo. Es evidente que se fue muy exitista mientras en amplios sectores de la población se incubaba un gran malestar. Ahora corresponde actuar en consecuencia.

Y en esto hay que recordar que el exitismo no se cura con el pesimismo, como el que permea en algunos sectores. El país está viviendo tiempos importantes, de grandes definiciones y es ahora donde se necesita el concurso de todos para llegar a acuerdos fundamentales. Y si bien es inevitable que existan grupos reticentes al cambio, u otros dispuestos a borrarlo todo, la mayor parte de la ciudadanía no está en aquello.

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