SEÑOR DIRECTOR:
El Consejo Fiscal Autónomo ha señalado que estamos en presencia de estrés fiscal y estima fundamental un consenso político para “aumentar los ingresos fiscales y/o ajustar la trayectoria de gasto”.
No cabe duda que estamos frente a un potencial problema de sostenibilidad fiscal al verificar la dinámica pasada y proyección futura de la deuda del Gobierno Central. La deuda bruta llegó a un mínimo de 5% del PIB el año 2006, después solo ha crecido. En efecto, en los 10 años siguientes se cuadruplicó (21,1%) y, desde 2014 a 2023, se multiplicó por 2,6 (15% a 39,8%). Una trayectoria preocupante, como lo han señalado las agencias clasificadoras. Asimismo, la carga de intereses ha evolucionado desde 0,6% del PIB en 2013 a un 1,2% proyectado para 2024.
¿Qué tipo de acuerdo requerimos?
En el pasado, los distintos gobiernos expandieron el gasto, confiando en que un “acuerdo” de sucesivas reformas tributarias iba a proveer los recursos. El gasto aumentó desde 17,8% del PIB en 2007 a 25,4% el 2023. Sin embargo, no ocurrió lo mismo con la recaudación tributaria, ésta solo aumentó 1,5 puntos; y la principal fuente de recursos fiscales -el crecimiento- se redujo a 1,9% promedio en 2014-2023, entre otros factores, justamente por alzas de impuestos que redujeron la inversión, productividad y el crecimiento. La Comisión Marfán ha estimado que ese “acuerdo” costó 8 puntos del PIB al país. El mal “acuerdo” generó significativas distorsiones en la economía, lo que nos ha llevado a ocupar uno de los últimos lugares en los ranking de competitividad tributaria.
El acuerdo que necesitamos debiera fortalecer el crecimiento, minimizar las distorsiones que genera el sistema tributario, atacar la informalidad -principal fuente de la evasión-, y reasignar e impulsar ganancias de eficiencia en el gasto público.
Luis Felipe Lagos M.
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