SEÑOR DIRECTOR:
El gobernador Orrego promueve un “Barrio Rojo” en la capital para regular el comercio sexual, legitimando esta actividad sin mencionar externalidades económicas negativas. Antes del violento estallido de 2019, hubo locales en el Paseo Ahumada que se transaron a un precio récord de UF 870/m2. Sin embargo, la hostilidad creciente ha reducido drásticamente estos valores. Hoy, los locales se venden en UF 150/m2 y se arriendan en UF 7/m2. En el mercado de oficinas, la situación es peor. La venta de inmuebles usados disminuyó un 16% el año pasado y las usurpaciones se han multiplicado.
La propuesta del gobernador intensificaría la correlación entre la depreciación inmobiliaria y la inseguridad; existen estudios que así lo confirman, estimando el costo monetario de la aversión de los hogares a la prostitución abierta. Un ejemplo es el paper “The Price of Obscenity in Housing Markets: Evidence from Closing Prostitution Windows” (https://goo.su/qqA9) que concluye que existe una baja de hasta un 30% en los precios de las viviendas vecinas a los burdeles.
Es de suponer que si prospera la idea de inspiración holandesa, la autoridad considerará igualmente las minusvalías inmobiliarias como parte de su propia responsabilidad, en sintonía con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (C-278/20) que señala que la reparación por los daños producidos por la aplicación de normas debe ser íntegra. De lo contrario, el daño patrimonial a los vecinos y sus herederos será enorme, una suerte de expropiación indirecta sin indemnización.
Demetrio V. Benito O.
Perito tasador
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