SEÑOR DIRECTOR:
Se anunció que el proyecto de ley conocido como Jacinta, el que originalmente buscaba establecer mayores exigencias a adultos mayores que quisieran solicitar o renovar su licencia de conducir, será modificado para incluir la obligatoriedad de presentar un certificado médico para todo el universo de conductores que realicen este trámite. Todo lo que signifique mejorar el estándar de quienes hoy transitan por la vía pública es una muy buena señal, pero es muy importante considerar los alcances que podría generar esta medida.
Cuando se elevan las dificultades para obtener ciertos documentos, en este caso de la licencia de conducir, aparece inmediatamente un mercado negro que ofrece, a través de adulteraciones, el cumplimiento de las normativas. Habrá entonces que prestar mucha atención a la proliferación de certificados y exámenes médicos falsificados que se pueden originar como consecuencia de esta norma, y los efectos que esta exigencia generará en el sistema sanitario en general. Probablemente habrá una mayor demanda por atenciones a nivel de los profesionales de la salud, lo que podría impactar a un sistema ya saturado, y será necesario normar el tipo de examen que se necesitará.
Habrá muchos médicos que no se atreverán a entregar este tipo de certificados de buenas a primeras, y a eso hay que sumarle los costos asociados que deberán asumir las personas por interconsultas, exámenes adicionales, etc., para así obtener un papel que acredite que no tiene ninguna enfermedad que limite sus capacidades físicas o motoras.
El proyecto de Ley Jacinta tiene muy buenas intenciones, pero sus efectos secundarios no son menores, por lo que se deberá estudiar con detalle para que realmente termine siendo un aporte significativo para la seguridad vial del país.
Alberto Escobar
Director de Movilidad de Automóvil Club de Chile
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