Como rector y académico que estudia la educación superior, por mucho tiempo pensé que condonar el CAE era una medida injusta e inequitativa para solucionar los problemas estudiantiles. Cambie de opinión lentamente. Después de todo, tener un título universitario ayuda a tener una mejor inserción en el empleo. La universidad cambia la vida para mejor, especialmente para quienes no provienen de familias de profesionales. Pagar un préstamo estudiantil debería valer la pena. Un título o licenciatura universitaria coloca en el camino hacia una cierta seguridad económica básica.
Pero hoy sabemos que muchas de las personas que pidieron un crédito CAE no se gradúan y desertan en el camino. Sin lograr un título, no logran ningún beneficio por su paso por la universidad. La morosidad y los impagos de este crédito socava su seguridad financiera. Y eso es lo contrario a lo que se espera al incentivar a la gente a ir a la universidad. Por eso hoy creo firmemente que avanzar hacia la condonación de la deuda educativa es una manera necesaria de reparar el daño causado a miles de jóvenes por un sistema disfuncional de financiamiento universitario y de crédito estudiantil.
¿Por qué cambie mi opinión? Llevamos más de una década de parálisis política en torno a la reforma de este sistema de financiamiento. En estos años se ha vivido un ciclo constante de endeudamiento bancario de los estudiantes. Y un creciente conjunto de pruebas empíricas ha evidenciado los daños que genera el CAE para cubrir los crecientes costos universitarios.
Recordemos que la universidad era casi gratuita hasta 1981. Mis familiares fueron a la universidad a mediados de la década de 1970, cuando la matrícula y los aranceles eran irrisorios en términos actuales. Para que un estudiante de bajos recursos se pudiera mantener en la universidad le bastaba con los ingresos obtenidos en un trabajo de verano o en un trabajo a tiempo parcial durante el año académico. Pero en la actualidad eso es impensable.
El relato con el que nació el CAE nos aseguró que los niveles de deuda eran razonables en comparación con la retribución que generaría un título universitario. Muchos investigadores, preocupados ante todo por disminuir la desigualdad, consideraron que el CAE era un sistema que permitiría ampliar la cobertura de la educación superior y lograría que las personas de bajos ingresos asistieran y se titularan en la universidad. Poder titularse compensaría su deuda.
Pero hace poco más de una década teníamos un diagnóstico muy incompleto de cómo el endeudamiento vía CAE afectaba las vidas de las familias endeudadas. El Ministerio de Educación tardó mucho en publicar datos que nos proporcionaron una mirada amplia del proceso, y darnos un cuadro detallado sobre quiénes son los deudores. Esta falta de información obstaculizó la capacidad de los gobiernos y de la opinión pública para asumir los efectos negativos de este tipo de créditos.
Pero hoy sabemos otra cosa: las tasas de deserción universitaria en esos años fueron altas. Y muchos estudiantes salieron a un mercado laboral deteriorado durante las décadas en las que el modelo se empezó a contraer en su crecimiento. Miles de estudiantes se retrasaron en sus pagos a los pocos años de dejar la universidad. La morosidad se concentró entre personas de bajos ingresos que abandonaron sus estudios y tenían deudas. Contrariamente a lo que se cree, la morosidad no se concentró en estudiantes de costosas universidades privadas. Más bien, están radicados en préstamos bajos pero otorgados a estudiantes de universidades públicas regionales o instituciones sin fines de lucro. La gran mayoría de las personas que contrajeron deuda CAE tienen ingresos medios o bajos. Y muchísimos no tienen ningún título, ya que desertaron de la universidad después de algunos semestres. Aunque nominalmente su deuda es baja, al no tener un título profesional que les ayude a pagar pronto se ven en situación de impago. Cobrarles es costoso para las universidades y muchas veces el crédito lo pagan esas mismas instituciones de educación superior, en tanto fiadoras de última instancia.
Las perspectivas financieras para quienes desertan de la universidad son malas; ganan el equivalente a los trabajadores sin educación superior. Y la deserción no es rara. Por más que se hagan enormes esfuerzos desde las universidades para ayudarles a permanecer, diversos problemas sociales y familiares llevan a que una parte de los que comienzan a estudiar con la esperanza de obtener un título abandonen el proceso sin un buen resultado. Esto es especialmente cierto para estudiantes de primera generación en acceder a la educación superior, cuya tasa de deserción es significativamente más elevada que la de estudiantes cuyos padres se titularon en la universidad.
Condonar esta deuda cambiará muchas vidas, redundando en un beneficio para toda la sociedad. La morosidad y el impago del CAE dejan una mancha duradera en los registros crediticios, impidiendo que la gente afectada acceda a créditos hipotecarios, pueda arrendar un departamento y les dificulta conseguir un mejor empleo. Al permitirles volver a tener acceso al crédito, a la vivienda y al mercado laboral, la condonación del CAE puede tener un efecto real en sus vidas y en la economía del país.
Con un nuevo sistema de préstamos que funcione bien, estas pequeñas deudas no causarían dificultades. Es necesario crear un nuevo sistema de crédito universitario, complementario a la gratuidad, donde el pago futuro se correlacione adecuadamente con los salarios, que permita pagar solo lo que se pueda, de forma proporcional a los ingresos. Para eso debe sacarse a los bancos de este proceso y evitar que las universidades sean castigadas por este tipo de endeudamiento.
Una reforma de este tipo redundará en la posibilidad de reactivar la economía, y beneficiar a todo el sistema de educación superior al generar una nueva institucionalidad más sana, que clarificará las reglas financieras de un sistema que hoy, en los términos que definió el CAE, ya no está funcionado adecuadamente.
Alguna vez pensé que la condonación del CAE era una medida costosa y una distracción de una reforma fundamental pendiente. Pero ahora creo que debemos ayudar a aquellos que el Estado ha perjudicado. Es hora de borrar las deudas de miles de personas que pidieron prestado modestamente para su educación superior, pero terminaron en dificultades financieras debido a un sistema de créditos mal pensado por estar desarticulado de la realidad universitaria y laboral. La condonación del CAE es justa: una política pública hizo daño, y es la política pública la que debería trabajar para revertirla.
Por Álvaro Ramis, rector de la UAHC
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