La crisis de representatividad de los partidos políticos, el oportunismo caudillista, la desconfianza hacia las instituciones, la desconexión entre las élites y la ciudadanía; el hastío con la política, la desilusión ante espectáculos políticos groseros o revanchistas, son buenas razones para exigirle a las dos trincheras más visibles del país -derechas e izquierdas; oficialismo y oposición- un último gran esfuerzo por encarnar aquella voluntad de acuerdos que tanto predican, pero poco practican.
Pensemos este esfuerzo en grande; no en torno a disputas por tal o cual ley. Tomemos un fenómeno clave y de cuya interpretación histórico-política dependerá no solo un relato nacional, sino un diagnóstico y una agenda política concreta: el estallido social. Intentemos acordar un relato que trascienda lógicas maniqueas que, o bien criminalizan o bien idealizan. Acordar no es asimilar, ni subordinar, ni negar opuestos. Es más bien una acción para determinar y conciliar algo en disputa. Así, es tiempo de renunciar a seguir convencidos del propio argumento o pretender convertir a los otros en propios y comenzar a buscar en el discurso del oponente su “verdad” para crear una diferente.
Hay dos temas que podríamos acordar siguiendo una voluntad por exponer las “verdades” del estallido. Lo primero es concordar que simplismos como “todo fue violencia criminal” es falso; tan falso como decir que “todo fue descontento político”. Lo segundo: hacer los mea culpas y los reconocimientos respectivos que cada sector le debe al otro. Las izquierdas -me parece- han asumido el error gravísimo que fue legitimar la violencia del estallido confundiendo su multiplicidad bajo una idealización “revolucionaria” o “política”. No vivíamos una dictadura como para haber justificado la destrucción de las ciudades. El acuerdo aquí es uno: no hay razones para legitimar violencia alguna mientras tengamos un Estado de Derecho y un gobierno que, aunque cuestionado, haya sido democráticamente electo.
El mea culpa de las derechas, por su parte, debería ser reconocer que es mezquino y miope criminalizar toda la protesta -eso de llamarlo “octubrismo”- porque niega y desatiende las razones legítimas que también tuvo el descontento; aquellas que el 25 de octubre movilizaron a más de 1,2 millones de personas en Santiago en una concentración eminentemente pacífica. Criminalizarlo todo es falsear una verdad; la paradoja ética y políticamente impresentable de vivir en el país más desigual de Latinoamérica, donde un 1% concentra casi el 50% de la riqueza, mientras la gran mayoría no tiene garantías estatales mínimas de calidad ni en salud ni en pensiones.
Si las fuerzas políticas -más allá de lógicas partidistas o ideológicas claramente ineficaces- no son capaces de generar un relato que concilie las verdades del estallido en un diagnóstico común del cual proyectar las prioridades indiscutibles del país, capaz de autocrítica y de reconocimiento de las razones de los adversarios, la fractura entre opuestos solo aumenta y la gobernanza se fragiliza -en un poder que poco puede.
Por Diana Aurenque, filósofa Universidad de Santiago de Chile
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