Columna de Héctor Sánchez: Mal acuerdo en comisión mixta por Ley Corta de Isapres

Lamentablemente, con este nuevo acuerdo se han perdido grandes oportunidades. Se ha perdido la oportunidad de cumplir el fallo, de mantener estabilidad financiera del sistema, de crear una buena Modalidad de Cobertura Complementaria y de introducir ahora reformas que beneficien a las personas y fortalezcan un sistema mixto de salud.

El foco del acuerdo estuvo marcado por tres ejes: mantener el monto de la deuda en una cantidad cercana a los US$1.300 millones, sabiendo que este monto es impagable incluso en el plazo extendido a 13 años. Simultáneamente, se decidió aliviar la carga financiera de las Isapres transfiriendo el costo del pago de la deuda a los afiliados mediante la introducción de una prima extraordinaria del 10% en 2024, además de mantener el ICSA, corregido en noviembre pasado, hasta 2027.

Además, se aprobó en Fonasa la creación de la MCC, dirigida a sus beneficiarios y para acoger a los afiliados que abandonen las Isapres, por razones de precio o por quiebras. La persistencia de la deuda en el monto previamente mencionado forzará a las Isapres a aumentar sus tarifas en un intento por pagarla, lo que resultará en la salida de las Isapres de individuos jóvenes y más saludables cada vez que los precios aumenten. Esto generará una concentración en las Isapres de la cartera de mayor costo, provocando una presión adicional sobre los precios y desencadenando un ciclo pernicioso de mayor siniestralidad, costos más elevados, tarifas mayores y una mayor desafiliación.

Fonasa, al implementar la MCC, da el primer paso para transformarse en un seguro único de salud, lo que implica que la aspiración del gobierno, expresada en su proyecto, está avanzando hacia su realización con el respaldo tanto de la oposición como de la Corte Suprema.

Este acuerdo es deficiente porque simplemente pospone la crisis, dejándola para que sea abordada por el próximo gobierno. Esto podría considerarse como un “presente griego”, donde se utilizan medidas aparentemente destinadas a mantener la estabilidad financiera del sistema, pero que en realidad aceleran su deterioro.

Esto conlleva a una clara evolución hacia una transformación del sistema de salud chileno, hacia uno predominantemente estatal en cuanto al aseguramiento y la prestación de servicios de salud. Este cambio requerirá una reestructuración de acuerdo con las necesidades del Fonasa, que, como monopsonio estatal, tendrá autoridad para definir los productos, precios y plazos de pago, estableciendo así los estándares de calidad del sistema prestador.

Por tanto, esto implicará que los largos tiempos de espera no solo eran característicos del sistema público, en el futuro serán también patrimonio del privado.

No obstante, la situación podría empeorar, ya que aún no tenemos certeza sobre los resultados de los acuerdos que se han acordado en la comisión mixta, en la Cámara de Diputados y Senado. Ya se han detectado discrepancias en relación con el ICSA y al plazo de 13 años para la devolución de pagos en exceso por lo que es incierta su aprobación.

Respecto de reformas mínimas para el sistema de Isapres, hay una promesa del Ejecutivo de enviar un proyecto de ley el 1 de octubre, sin embargo, dada la historia reciente no cabe duda de que este será muy ad hoc a los principales ejes estratégicos del gobierno, en que se fortalecerá el proyecto original de un seguro único de salud estatal y seguros complementarios privados.

Y así, la estrategia de la dilación en tramitar una solución a esta crisis y postergar con medidas aparentemente su desenlace para los próximos meses o un par de años, hasta el momento ha dado resultado.

En tanto, con este acuerdo se ha perdido otra oportunidad más de salvar el sistema privado de salud, del cual el sistema público de salud también se verá afectado.

Por Héctor Sánchez, director ejecutivo Instituto de Salud Pública UNAB