La Ley de Responsabilidad Extendida del Productor (REP), desde octubre pasado en nuestro país, marcó un hito crucial en la sostenibilidad ambiental.
En ReSimple, fuimos el primer sistema de gestión de residuos de envases y embalajes en empezar a operar. Partimos con 35 municipalidades adheridas a nuestro sistema y al día de hoy ya son 93. Estamos valorizando cerca de 106 toneladas de residuos cada día, que antes iban a la basura.
Pero, pese al esfuerzo de todos los sectores, esto todavía no es suficiente, por lo que queremos plantear algunos de los desafíos que ha traído la implementación de esta nueva legislación, la que estimamos requerirá adecuaciones y un gran compromiso de todos los actores para cumplir a cabalidad con la ambiciosa misión que se planteó.
Una de las áreas críticas en este camino ha sido el involucramiento de los municipios. La ley ha requerido una participación activa de estas entidades para desplegar la recolección selectiva y operar las Instalaciones de Recepción y Almacenamiento (IRA) de manera eficiente. Los incentivos planteados en la ley para movilizar a los actores municipales han sido insuficientes para escalar el alcance del sistema con la rapidez deseada. Mientras algunos municipios -e incluso asociaciones- se han convertido en verdaderos aliados estratégicos, otros están lejos de sumarse a la iniciativa.
Otro aspecto fundamental es el conocimiento público de la regulación. La participación ciudadana en separar sus residuos reciclables es la base de este gran paso en materia de sostenibilidad. Sin embargo, es el proceso -que ha demostrado ser más gradual que lo estimado inicialmente- lo que dificulta alcanzar volúmenes que permitan un cambio relevante a nivel social, imponiéndonos -como país- un gran desafío educativo, si realmente queremos lograr cambios de hábitos.
A esto se suma, que el sistema no ha estado libre de la “permisología” que preocupa a varios sectores de la sociedad. Las autorizaciones sanitarias para el funcionamiento de los puntos limpios han sido una piedra de tope en cerca de 80 casos a nivel nacional.
Un desafío importante es la disposición final de los residuos. Si bien la REP busca reducir la cantidad de residuos en vertederos, el país enfrenta un déficit de infraestructura para la disposición final adecuada. Adicionalmente, el costo de disponer en rellenos sanitarios suele ser menor que el costo de reciclar, lo que plantea un desafío económico adicional para los sistemas de gestión. En esta primera etapa, necesitamos que la implementación sea flexible y que nos permita incorporar industrias con circuitos de recolección existentes y que tienen -entre otras características- a los cerca de 60.000 de recicladores de base como actores relevantes a quienes debemos incluir y formalizar.
Contar con más y mejores gestores es fundamental para el éxito del sistema y hoy es complejo asegurar la disponibilidad en todas las regiones. La brecha regional en este sentido es una preocupación que debe abordarse para garantizar una gestión eficiente y equitativa en todo el país.
Dado todo lo anterior, y entendiendo que se trata de un esfuerzo país, para la siguiente etapa de implementación es clave el rol que jugará el Gobierno, a través del Ministerio del Medio Ambiente y, en lo regulatorio, de la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), ya que ambos son clave para ir superando estos cuellos de botella, marcando la pauta de ajustes a las normativas y calibrando el impacto de factores no contemplados en el proyecto de ley original.
Es de esperar que se dé un debate constructivo y profundo en los meses que vienen sobre la implementación de la Ley REP para asegurarnos, como país, de que el camino trazado se circule con sentido de urgencia y colaboración.
Por Hugo Ovando, presidente de Resimple
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