En medio de una crisis del SLEP Atacama que parece interminable, conviene recordar que, contra lo que se cree, la ley 21.040, que dio origen a la nueva educación pública en 2017, propuso resguardos para lograr un traspaso exitoso de la provisión educativa desde los municipios a los nuevos servicios locales.
Por de pronto, la legislación previó dos momentos para avanzar con el traspaso. El primero, entre 2018 y 2020, de los primeros 11 SLEPs, y el segundo, gradualmente, desde 2022 hasta 2025, de los 59 restantes. Incluso se abrió la posibilidad excepcional de que la fecha de finalización del traspaso efectivo se extendiera (hoy está fijada para 2029).
Es más: consciente de la complejidad del proceso de cambio institucional, la Ley estableció un Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública, conformado por reconocidos expertos educacionales, con miradas políticas diversas, para que anualmente emitiera un informe respecto del avance de la implementación. En esos informes es posible advertir que, ya en 2020, el SLEP de Atacama no había logrado cubrir su dotación (contaba con 49 funcionarios de los 86 asignados) o que era el que tenía una peor ejecución presupuestaria, habiendo solo logrado ejecutar 57,8% de los recursos asignados (contra, por ejemplo, el SLEP de Llanquihue que había ejecutado más del 90%).
Más generalmente, el Informe de Evaluación Intermedio del Consejo en 2021 sistematizó los principales obstáculos e hizo cinco recomendaciones mayores. Entre ellas, regular el traspaso de bienes inmuebles y de la dotación desde los municipios; fortalecer las instituciones públicas directamente involucradas con recursos profesionales excepcionales; flexibilizar la normativa para dar mayor eficiencia a la ejecución presupuestaria; y conformar, más allá del Mineduc, una fuerza de tarea interministerial al más alto nivel para apoyar el proceso.
Estas recomendaciones técnicas independientes cayeron en el vacío y no fueron debidamente escuchadas ni menos puestas en operación. Misma suerte pueden correr los nuevos dispositivos de monitoreo y evaluación de la ley acordados durante la tramitación de la Ley de Presupuestos 2024. En una reforma de gran envergadura y complejidad no basta con contar con plazos extendidos, si no se logra ir aprendiendo de la experiencia en curso y enfrentando con decisión los obstáculos emergentes. Dicho en otros términos, ¿de qué sirve darse el trabajo de instalar un sistema de alarmas para después tenerlo apagado?
Es de esperar que la lamentable crisis del SLEP de Atacama haga que el Estado se tome en serio a sí mismo, activando las medidas propuestas por el Consejo de Evaluación y su actualización, avanzando en una decidida implementación de la Ley dentro de los plazos existentes. Lo que está en juego, finalmente, es darle la prioridad política que se merece a la educación pública nacional.
Por José Weinstein, director Liderazgo Educativo UDP
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