La igualdad y no discriminación son pilares fundamentales de la democracia. Este principio se basa en la idea de que todos los seres humanos somos iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, la realidad dista mucho de esta premisa. La posición socioeconómica, sexo, edad y etnia, entre otras características, limitan o impiden el ejercicio de derechos, debilitando la comunidad que somos y la democracia que pretendemos. Cada cierto tiempo, como en octubre de 2019, el malestar ciudadano nos enrostra la deuda que aún tenemos.
Ignorar o subestimar el problema de la desigualdad es negar que el goce y ejercicio de los derechos humanos es fundamental para la democracia. Renunciar a reducir los espacios de discriminación es alejarse de principios y propósitos que son supuestamente compartidos, independientemente de nuestras diferencias.
Por eso, el rechazo en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto de ley que perfecciona las normas antidiscriminación de la actual Ley Zamudio es una pésima noticia para Chile.
Este proyecto, basado en doce años de experiencia con la norma vigente, busca mejorar sus efectos y alcances. Recoge estándares internacionales sobre lo que se entiende por discriminación, incorporando aquella que si bien no tiene la intención de menoscabar, sí produce dicho resultado en la práctica (discriminación indirecta) y aquella que afecta a personas de colectivos históricamente desventajados, como mujeres y personas mayores (discriminación estructural).
El proyecto también propone un procedimiento civil y una acción indemnizatoria para sancionar la discriminación como en la mayoría de países democráticos. Introduce la prueba dinámica o indiciaria, que altera la carga de la prueba trasladando a quien discrimina la obligación de demostrar que no lo hizo. Este mecanismo ya se utiliza en nuestra legislación laboral y de derechos del consumidor, abordando la desigualdad de poder que sufren las víctimas de discriminación. Además, propone la creación de un Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria, encargado de promover políticas públicas orientadas a erradicar la discriminación. Así, esta ley protege a todas las personas de la discriminación, especialmente a los grupos históricamente marginados.
Durante el debate legislativo, algunos opositores plantearon diferencias legítimas sobre cómo alcanzar mejor los objetivos del proyecto, y con ellos debería ser posible llegar a acuerdos en la Comisión Mixta. Sin embargo, preocupa profundamente que otros no ocultaron su oposición basada en una visión de la sociedad que considera aceptable la discriminación a partir de sus propias convicciones religiosas o culturales.
La aprobación de este proyecto no sólo permitiría a Chile cumplir con sus obligaciones internacionales derivadas de tratados ratificados, sino también responder a una sociedad que sufre un profundo malestar por el maltrato, el abuso y los privilegios de unos pocos. Para avanzar hacia un futuro mejor, todos debemos asumir que Chile es uno, pero diverso, y en esa diversidad radica su principal riqueza. Aceptar y promover la igualdad y no discriminación es esencial para construir una sociedad más justa y cohesionada, donde todos podamos vivir con dignidad y respeto. Negarse a esto, es negar los derechos humanos y por lo tanto, minar la democracia que todas y todos debemos defender.
Por Lorena Fries, diputada
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