Columna de Nicolás Mena: La despartidización de la política



Este año 2023 terminamos un ciclo inédito en la historia de Chile. Tras el estallido social de octubre de 2019, que fue en estricto rigor una insurrección popular, la elite política entendió que la solución estaba en abrir un momento constituyente, vale decir, un momento en la historia de los pueblos en que estos deliberan respecto del poder político y su distribución.

Desde aquel hito, el más significativo políticamente hablando desde el retorno de la democracia, nuestro país ha celebrado tres plebiscitos, elecciones de convencionales constituyentes y consejeros constitucionales, elecciones de gobernadores regionales, elecciones de alcaldes y concejales, elecciones parlamentarias, primarias presidenciales, y elecciones presidenciales en primera y segunda vuelta.

Hemos vivido un estrés electoral inédito que demuestra nuestra capacidad para poder canalizar electoralmente conflictos sociales, y da cuenta de continuos ejercicios de deliberación democrática que permiten extraer ciertas conclusiones.

Una cuestión interesante es la participación electoral. En el plebiscito de octubre de 2020 votó un 50% de las personas habilitadas para sufragar, en la elección de convencionales un 43%, en primera vuelta presidencial de 2021 un 47% y en segunda vuelta un 55%, todos procesos con inscripción automática y voto voluntario. En tanto, con voto obligatorio, la participación aumenta, votando un 85% en el plebiscito de septiembre de 2022, un 84% en los consejeros constitucionales de mayo de 2023, y un 84% en el plebiscito de diciembre de 2023.

De esta forma, el ciclo del voto voluntario instaurado a partir de las elecciones municipales de 2012, que en los hechos significó una década en que sistemáticamente más de un 50% aproximadamente de los ciudadanos con derecho a voto dejaran de participar, culminó incorporando a millones de chilenos en el plebiscito del 4 de septiembre de 2022, dándole mayor robustez y legitimidad a nuestra democracia.

Según la encuesta CEP de octubre de este año, un 62% de la población no se identifica con ningún partido político, siendo los partidos Socialista y Republicano los con más alta identificación, con un 7% cada uno.

Este fenómeno se explica por cuanto la ciudadanía ve en los partidos instituciones que no interpretan a grupos significativos de la sociedad, sino que más bien son máquinas electorales ensimismadas en la búsqueda del poder, y representativas de grupos de interés.

Esto se traduce en una permanente búsqueda de nuevos referentes políticos y en la valoración de líderes independientes, alejados de la actividad política profesional, cuestión que en otros países se ha canalizado a través de fenómenos como los de Trump, Bolsonaro y Milei.

El riesgo de esto es muy alto, pues no existe una democracia que funcione correctamente sin partidos, y, por otro lado, por la incapacidad de los partidos políticos de ser mediadores legítimos entre las demandas ciudadanas y el Estado.

Así entonces, se hace urgente que, tras el rechazo al último proyecto constitucional, se aprueben reformas que permitan establecer un sistema de partidos más representativo que contribuya a generar identificación y confianza ciudadana, de lo contrario, corremos el serio riesgo de que la población busque en alternativas rupturistas liderazgos que reviertan esta sensación de frustración.

Por Nicolás Mena, ex subsecretario de Justicia y director de Fundación Chile21

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