Columna de Pablo Ortúzar: Politizar la política



La campaña de Sebastián Sichel y la de José Antonio Kast tienen importantes diferencias, pero también cosas en común. Una de ellas, que comparten con todas las demás candidaturas de esta elección, es su precariedad ideológica. Cualquiera que lea el programa de Kast o las entrevistas de la jefa programática de Sichel sacará la calculadora de males menores para tratar de dirimir entre sombras que insinúan ya la espectralidad de Avanzada Nacional, ya la del piñerismo.

Sin embargo, hay un punto en común de interés: la lucha contra la expansión opresiva del sistema político. Es decir, la defensa de la diferenciación funcional del orden social. La idea de que la política debe gobernar un ámbito acotado de la vida de las personas, y no extender sus tentáculos a todas las esferas de nuestra existencia. En este loable y popular fin, que los distingue del voluntarismo constructivista del octubrismo, ambos proyectos coinciden, aunque discrepen en los medios.

La mejor lectura del “no politizar la política” de Sichel sería esta: la política debe ser acotada y puesta al servicio de los demás sistemas sociales. En otras palabras, debe servir a la sociedad y no a la acumulación ilimitada de poder. Dicha idea aparece también en las intervenciones de Kast. La tensión entre ambas visiones emerge de que Sichel tiende a anclar la diferenciación funcional en el individuo, mientras que Kast lo hace en estructuras sociales que considera naturales. Pero ninguno es decididamente individualista ni comunitarista.

Existiendo este pequeño horizonte común, valdría la pena trabajar sobre él. No es un debate nuevo, pero sí muy importante: en qué medida las libertades individuales dependen de una sociedad civil fuerte, constituida por organizaciones parciales -partiendo por la familia- capaces de ofrecer resistencia a la opresión y manipulación del aparato burocrático y los grupos de poder. Es evidente que puros individuos sueltos, aunque sean titulares de muchos derechos nominales, pesarán poco y nada frente a los aparatos políticos organizados. Pero también es claro, por otro lado, que comunidades parciales demasiado rígidas ahogan la libertad de sus miembros, lo que suele ser corregido por la fuerza homogénea y procedimental del Estado. Lo que se busca, entonces, son equilibrios poco obvios.

Todo esto suena abstracto, pero se encuentra en el corazón del debate actual. Tenemos una izquierda que, al confundir lo público con lo estatal, ofrece libertades y derechos individuales a costa de barrer con todas las organizaciones intermedias. Y hemos tenido una derecha que no logra distinguir entre sociedad y mercado, volviéndose indiferente a graves desigualdades y abusos privados que terminan facilitando un intervencionismo excesivo desde arriba. De ahí la necesidad de incorporar el reformismo social a su caja de herramientas.

Por último, la visión de un poder político acotado y limitado es también la más coherente con la historia de vida de la clase media chilena, forjada principalmente en el ámbito del mercado y desconfiada de los políticos. Mientras la izquierda niega la legitimidad y hasta la existencia de ese sector social, la derecha tiene a mano la oportunidad de interpretarlo.

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