El derecho a sufragio en Chile queda suspendido por tres motivos, los cuales están señalados en el artículo 16 de la Constitución Política. Una de esas razones refiere a las personas acusadas de delito que merecen pena aflictiva (penas superiores a tres años y un día) o delitos que califiquen como conducta terrorista. Lo anterior evidencia que existen personas privadas de libertad que mantienen su derecho a voto, como es el caso de quienes están en prisión preventiva, sin embargo, en la práctica el gozo de su derecho ha estado impedido. A la fecha no ha existido un procedimiento que permita que las personas encarceladas puedan sufragar, y esta deuda la hemos recordado en cada elección; en ello, diversas organizaciones de la sociedad civil han sido activas en denunciarlo.
Solo para dimensionar, según el presidente del Servicio Electoral, las personas encarceladas que pueden ejercer su derecho a voto serían aproximadamente un 20% del total de la población privada de libertad. Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil han señalado que esta cifra correspondería a casi un tercio del total de personas recluidas en recintos penitenciarios bajo régimen cerrado (según cifras de Gendarmería de abril de 2021).
Luego de un debate de largos años, el que incluye un fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2021, que ordenó facilitar el sufragio a 147 reos de Colina II que se encontraban habilitados para votar, precisando que “el Servicio Electoral está facultado para determinar la instalación de locales de votación en un recinto penitenciario”, esta deuda comienza a saldarse. En el plebiscito de salida del 4 de septiembre, 1.029 personas privadas de libertad podrán ejercer su derecho a voto, lo anterior luego de cumplir el proceso indicado por el Servel: las personas debían cambiar su domicilio a su centro penitenciario y, además, debe haber al menos 30 personas inscritas en cada recinto.
A las pocas horas de conocida esta noticia, un grupo de diputados de la UDI anunció que presentaría una reforma constitucional para que las personas privadas de libertad, por orden judicial, pierdan el derecho a voto. El diputado Felipe Donoso señaló que el Servel “había salido a buscar personas privadas de libertad para inscribirlas”, en una evidente caricatura que desinforma, y que esto sería “poco sano para la democracia”. Del mismo modo, el diputado Cristián Moreira precisó que no había que preocuparse de que si los presos votan o no, y que aquí se estarían generando privilegios. Los diputados de la UDI detrás de esta estrategia olvidan que los derechos humanos no son acomodaticios y su cumplimiento es fundamental en una democracia. Es de esperar que los y las parlamentarias, independiente de su color político, no tituben jamás en esta tarea.
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