Dentro del fast track económico que busca impulsar el gobierno se encuentran los permisos sectoriales. Según informes de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad (CNEP, 2019 y 2023), las autorizaciones sectoriales de mayor flujo poseen demoras promedio de 300% y las que son clave para el emplazamiento de proyectos, podrían alcanzar tiempos efectivos que exceden en siete veces los plazos establecidos. En respuesta a ello, el Ejecutivo propone un marco normativo estandarizado y una nueva institucionalidad. Si bien hay propuestas valiosas, como instrumentos alternativos que habilitan el desarrollo de ciertos proyectos o que entidades técnicas privadas puedan revisar antecedentes de las tramitaciones, hay aspectos que advierten un impacto más acotado de la iniciativa; ello, pues siguen primando las normas sectoriales y eso plantea dudas sobre la potencial amplitud de la aplicación de la ley.
El proyecto excluye de la aplicación de esta ley las autorizaciones otorgadas en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), así como los pronunciamientos emitidos por los órganos sectoriales referidos a los permisos de su competencia y que están dentro del SEIA. Ello nos lleva a mirar con cautela la magnitud del impacto de la iniciativa, al tiempo que será clave la reforma al SEIA en tramitación.
Segundo: diferentes actores han cuestionado la necesidad de crear el nuevo “Servicio para la Regulación y Evaluación Sectorial” propuesto, cuya misión será velar por la correcta tramitación de las autorizaciones sectoriales y optimizar la gestión institucional para mejorar la calidad de la regulación sectorial. En un escenario en que el Consejo Fiscal Autónomo ya alertó del nulo espacio de gasto público para los próximos años, es del todo prudente racionalizar la creación de nuevos servicios. En ese sentido, en lo que se refiere a la coordinación y agilización de las autorizaciones, podría ser una función desempeñada perfectamente por el Ministerio de Economía, mientras que podría reforzarse a la CNEP para la recomendación de mejoras regulatorias, labor que ha desempeñado con rigurosidad.
No obstante, la ausencia más crítica del proyecto de ley es que no dispone de incentivos concretos para que la administración cumpla con los plazos (sanciones al incumplimiento, indicadores mínimos de desempeño, etcétera). Además, no hay que olvidar que esta ley va a tomar un tiempo en ser implementada, pues aún debe finalizar su tramitación legislativa y deben publicarse múltiples reglamentos.
¿Es importante mejorar el intrincado regulatorio? Claro. Pero mientras se discuten esos ajustes, dada la urgencia de activar la inversión, la gestión que se haga hoy es crítica. Por discutir un proyecto de ley que tendrá o podría tener efectos en el mediano plazo, estamos olvidando lo que se puede y debe hacer hoy.
Por Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos de LyD
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