Tras el fracaso del proceso constitucional, el gobierno volvió a la carga con su reforma de pensiones, presentando indicaciones y acelerando su votación en el Congreso. Lamentablemente, no de la mejor forma, pues ellas no suponen acuerdos previos alcanzados e insisten en varios aspectos estructurales de la reforma original, que difícilmente puedan concitar apoyo. Fuera del destino de la cotización adicional, que sin duda es uno de los elementos más controvertidos, la nueva institucionalidad propuesta viene a complejizar mucho más el sistema de pensiones, además de abrir potenciales riesgos y asignar un rol preponderante al Estado, sin que ello redunde necesariamente en mejores pensiones.
Las indicaciones persisten en separar las funciones de administración y soporte de aquellas de gestión de inversiones, pero aumentando el número de actores involucrados. Así, tratándose de las cuentas de capitalización individual (y las de ahorro voluntario), estas pasarán a ser administradas por el “Administrador Previsional”, sociedad anónima especial -designada mediante una licitación pública- que se encargará de recaudar las cotizaciones, pagar los beneficios y realizar las tareas de administración y soporte. Además del alto costo fiscal anual asociado ($148.478 millones después de 25 meses de publicada la ley), las personas ya no podrán elegir la entidad que desempeñe estas funciones, disminuyendo la competencia.
En la gestión de inversión de los recursos de las cuentas de capitalización individual podrán intervenir los “Inversores Privados” o el “Inversor Público del Estado” (IPE). Este último será una sociedad anónima constituida por el Fisco y la Corfo, que recibirá importantes recursos fiscales, al menos, durante los primeros cinco años. En su diseño, también se abren potenciales riesgos. Por ejemplo, el IPE será administrado por un directorio de cinco personas, todas designadas por el Presidente de la República. Aunque cuatro de ellos lo serán a propuesta del Consejo de Alta Dirección Pública, no se exigirá ratificación del Senado, existiendo riesgo de captura política.
Finalmente, el seguro social que se propone, financiado con 4 de los 6 puntos porcentuales adicionales, que se enterará en el Fondo Integrado de Pensiones (FIP), será administrado por el Instituto de Previsión Social, mientras que se crea un nuevo órgano, denominado “Gestor del FIP”, para gestionar la inversión de sus recursos, el que deberá licitar la administración de carteras de inversión. La composición de su consejo directivo también presenta dudas en cuanto a su real autonomía, sobre todo por quienes intervienen en la nómina de los candidatos.
En definitiva, se trata de una institucionalidad compleja, costosa y riesgosa, que en vez de aportar eficiencia y competencia al sistema y perseguir mejores pensiones, pareciera que tiene como principal objetivo acabar con el sistema actual.
Por Pilar Hazbun, coordinadora de Asuntos Jurídicos y Legislativos L y D
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.