Durante la campaña que llevó a Trump a la presidencia de Estados Unidos en 2016, el entonces candidato fue increpado en un debate por su contendora, Hillary Clinton, respecto de su no pago del impuesto a la renta por varios años. Lejos de negarlo o justificarlo, la respuesta de Trump fue tan breve como contundente: “that makes me smart”. En otro contexto, en Inglaterra, un anciano de 96 años es juzgado por conducir a exceso de velocidad en una zona escolar. El acusado lo reconoce y el juez le pregunta por qué lo hizo. Emocionado, el anciano relata que evitaba manejar y que sólo lo hacía para llevar a su hijo, de 63 años, a dializarse cada dos semanas para tratar un cáncer. El juez, conmovido, desestimó el caso y le deseó éxito en el tratamiento de su hijo. Trump y el anciano inglés admiten sus faltas, pero nos dejan lecciones distintas. Uno, que toda persona inteligente debiera perseguir su interés personal, sin contemplar demasiados límites. El otro -también el juez- que siempre se puede atender razones.
La discusión sobre qué hacer con quienes han estudiado con CAE, aquellos que han cumplido y los que no, ciertamente debe partir considerando la conveniencia de que el Estado incurra en un gasto enorme para solucionarlo, pero también las lecciones que una u otra decisión dejará en nuestra sociedad. Si asumimos que quienes han incumplido sus pagos son, como nos enseñó Trump, personas que inteligentemente están calculando los costos y beneficios de su conducta, su condición no merecería ser revisada. Por el contrario, si estamos disponibles para escuchar razones, como la carga excesiva que este compromiso les puede significar, el Estado chileno debiera atender la situación, buscando un equilibrio entre lo justo y lo responsable.
El tema es que el efecto de lo que se resuelva no se limita a la materia sobre la que se está decidiendo. Quienes cumplieron sus compromisos de pago, o lo están haciendo, quedarían desplazados a la categoría de “tontos correctos” por cualquier política pública que no los considere. Pasarían a engrosar esa base de ingenuos que pagan la cuenta de las malas decisiones. La señal del Estado sería demasiado elocuente: se puede ser correcto o astuto, pero no las dos cosas al mismo tiempo. No cuando se trata del propio interés. Lo que, por omisión, permitió el Estado durante años en materia de evasión en el transporte público o comercio ilegal, ahora lo estaría permitiendo por acción.
Si buscamos, encontraremos por todos lados ciudadanos que cumplen su compromiso con el CAE haciendo un gran esfuerzo. También encontraremos algunos que incumplen por razones atendibles. Como lo hizo el juez británico con el anciano que asistía a su hijo, sus casos merecen ser revisados. Pero no a costa de transformar a los que pagan en tontos. Premiar al que no cumple es castigar al que sí lo hace. Es aceptar, como decía Maquiavelo, que las pequeñas faltas se castigan, pero las grandes se premian.
Por Rafael Sousa, socio en ICC Crisis y profesor de la Facultad de Comunicación y Letras UDP
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