Columna de Rodrigo Bustos: ¿Debería el general director Ricardo Yáñez seguir en su cargo?

Tras el anuncio de formalización de los altos mandos y ex mandos de Carabineros por su rol en la forma desproporcionada y contraria al derecho internacional con la que Carabineros reprimió las protestas de 2019, ¿es razonable que el general director Ricardo Yáñez siga en su cargo?

En primer lugar es importante recordar que un principio básico en un Estado democrático de derecho es que las máximas autoridades de las instituciones armadas estén subordinadas al poder civil. En este contexto es relevante hacer un recorrido sobre cómo ha sido la relación con los altos mandos de la institución policial en los últimos años.

Hasta 2005 la Constitución de 1980 establecía la inamovilidad de los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y de Carabineros de Chile. Cabe recordar que Rodolfo Stange era general director cuando fue procesado por el ministro Milton Juica por incumplimiento de deberes militares y obstrucción a la justicia por la muerte de Manuel Guerrero, José Manuel Parada y Santiago Nattino, quienes fueron secuestrados y brutalmente asesinados por personal de Carabineros. Ante la solicitud de renuncia del ex Presidente Frei Ruiz-Tagle, el general Stange dijo con tono golpeado en el Palacio de La Moneda, “Yo no me retiro”.

Tras este episodio ha habido más casos de salidas de generales directores. El general director Bruno Villalobos renunció a días de que el ex Presidente Sebastián Piñera asumiera el cargo. Posteriormente Piñera señaló que “el fraude y el caso Huracán tenían que tener un responsable político (...) los generales saben cuándo deben renunciar”.

Pocos meses después, el ex Presidente Piñera removió a otro general director. En este caso, el ex general Hermes Soto dejó su cargo debido al asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y de los posteriores antecedentes sobre su encubrimiento. En esa ocasión el general Soto no aceptó presentar su renuncia, lo que significó que por primera vez desde 1990 se destituye a un general director.

Ya después del estallido social y de los informes de cuatro organizaciones internacionales que documentaron las graves violaciones a los derechos humanos cometidos por la policía uniformada, fue destituido el general Mario Rozas un día después de un operativo en un hogar del Sename que dejó dos menores baleados.

En el caso del actual general Ricardo Yáñez hay que distinguir dos planos muy diferentes. Uno es el del ciudadano Yáñez. En esa calidad, él es una persona que goza de la presunción de inocencia y que puede decidir la mejor forma de llevar a cabo su estrategia de defensa judicial.

Una cuestión muy diferente es si lo anterior es compatible con seguir en un cargo de autoridad de un importante órgano del Estado. En especial, de una institución encargada de hacer cumplir la ley. Y ahí es donde pareciera que no solo no es razonable que el general Yáñez siga en su puesto, sino que derechamente se hace insostenible. Lo anterior, especialmente en consideración de que no ha colaborado con la investigación de la cual está siendo imputado por delitos gravísimos.

Recordemos que tuvo al menos siete oportunidades para declarar, pero en ninguna de ellas decidió hacerlo. El derecho a guardar silencio es uno de sus derechos como imputado. Ello está fuera de duda. ¿Pero sería aceptable en el caso de cualquier otra autoridad que no declarara en un proceso penal como imputado y siguiera en el cargo? Probablemente no.

A lo anterior se agrega que el abogado del general Yáñez ha estado realizando diversos tipos de cuestionamientos a fiscales a través de medios de comunicación, generando posibles conflictos institucionales. Además, el propio Yáñez ha destinado tiempo de sus funciones para recibir a senadores en su oficina institucional que se acercan al lugar a entregar su apoyo en relación a su formalización. Todo ello le hace un flaco favor a una institución que tiene un rol relevante en materia de prevención del delito.

En los últimos años han sido removidas diversas autoridades por imputaciones de faltas administrativas o delitos de otra naturaleza. En ese marco, debiéramos preguntarnos si es sostenible y favorable para la institución policial que siga en el cargo un general director en estas condiciones. Especialmente porque se trata de un general director con una solicitud de formalización pendiente por el delito de omisión de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio.

En este escenario es importante que las autoridades den el ejemplo y que el Estado de Chile haga rendir cuentas a los responsables de estos crímenes con premura y determinación, pues la impunidad no puede continuar en el país y la justicia no puede esperar más.

Por Rodrigo Bustos, director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile