Columna de Stéphanie Alenda: Expertos 2.0: el desafío de ganar legitimidad



¿Quién quisiera una sociedad en la que el poder de decisión sería conferido a un cenáculo, tal vez sabio, pero sin legitimidad democrática?

La democracia descansa en primer lugar en quienes fueron elegidos y son portadores de legitimidad. Es precisamente bajo esta premisa, en el marco del nuevo escenario que instaló el plebiscito de salida, que los partidos acordaron de manera transversal designar expertos responsables de redactar un anteproyecto de Constitución. Se quiera o no, las reglas del juego vigentes desde la derrota del Apruebo distorsionaron el debate sobre la legitimidad democrática de la designación. La pregunta clave radica ahora en la capacidad que tendrá la comisión de expertos de legitimar su labor ante la ciudadanía.

Por definición, la figura del “experto” designa al que ha sido elegido o elegida en función de criterios que reconocen sus competencias técnicas pero también su rango en el campo profesional. Es un primus inter pares. En este sentido, la experticia constituye la forma más acabada y por ende más jerárquica y desigual de disyunción entre la práctica y la teoría, aunque esta brecha se haya acortado con la aparición de un activismo experto. Es fruto de un proceso de profesionalización y de especialización de los campos políticos que tiende a sustraer las decisiones políticas al “espacio público”. La autoridad del experto no depende exclusivamente de su saber sino del hecho de que éste viene oportunamente a racionalizar y legitimar decisiones políticas juzgadas demasiado complejas o delicadas para el debate democrático. Por consiguiente, el peso de los expertos va de la mano con el debilitamiento de las capacidades de reapropiación por los individuos y los grupos de sus autonomías de reflexión y acción. Post plebiscito de salida, la rehabilitación de la figura del “experto” en las encuestas de opinión puede así ser interpretada como una reacción ante el amateurismo que prevaleció en el primer proceso constitucional, aun cuando éste contó con más “expertos” que el actual.

Lo que muestra la composición del comité es una convergencia entre práctica y teoría. Más allá de sus credenciales universitarias, el 66% de los nominados cuenta con experiencia pública o política previa y un 58% es militante de partidos (Extend, 27/01/2023). Destaca también la capacidad negociadora de muchos de ellos. Ambos sectores aparecen relativamente equilibrados, considerando que la alianza del bloque de oposición (CHV + REP) dista mucho de ser evidente. El hecho de que izquierdas y derechas se necesiten mutuamente para la aprobación de normas incentiva los acuerdos.

Una de las lecciones aprendidas es que el proceso importa tanto como el texto, por lo que un desafío importante para ganar legitimidad radica en las formas. Asimismo, incumbe al comité de expertos la responsabilidad de reconciliar a la ciudadanía con el proceso constitucional sin dar la sensación que las decisiones son tomadas entre cuatro paredes; vale decir de constituirse en expertos 2.0.

Por Stéphanie Alenda, directora de Investigación, Fac. de Educación de Ciencias Sociales Universidad Andrés Bello

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