Columna de Tatiana Urrutia y Lorena Meneses: Un año de la Ley Papito Corazón: pensiones como derecho, no como opción

El no pago de la pensión de alimentos para un niño, niña o adolescente es violencia para ellos, para nosotras, sus madres o cuidadoras, y para la sociedad en su conjunto; un abandono que menoscaba su desarrollo y carga toda la responsabilidad sobre nuestros hombros. Porque según indica el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos un 97% de las personas deudoras son hombres. Esta expresión de abandono parental, normalizada por décadas en nuestro país, hoy tiene un freno.

Ahí ha radicado la importancia de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos, impulsada por el movimiento feminista y el gobierno del Presidente Gabriel Boric, que este 20 de mayo cumple un año desde su entrada en vigencia. Con este nuevo mecanismo, por primera vez, madres y personas cuidadoras ya no estamos solas. Esta ley posibilita que el Estado se haga cargo de manera integral de la deuda, con criterios de justicia y dignidad, poniendo todas las herramientas a disposición del pago efectivo de las pensiones de alimentos de manera permanente.

En febrero de 2024 la Superintendencia de Pensiones informó que había realizado 49.604 operaciones de pago. Sumado a otros mecanismos que habilita la ley, se logró un aumento del 310% del pago efectivo de pensiones, en comparación al año anterior. Beneficio que llegó a más de 50 mil familias, con un total de $162.731 millones de pesos recaudados, destinados directamente a la mejora en la calidad de vida de las infancias de nuestro país.

La magnitud de los beneficios de esta ley también se vieron en abril. Solo en el primer periodo de la Operación Renta 2024, la Tesorería General de la República retuvo los fondos de 9.992 deudores de pensiones de alimentos, casi cuatro veces más que en 2023. Hoy las mujeres y las madres ya no somos las encargadas de perseguir a los deudores, es el Estado el que se hace cargo.

En pos de que la respuesta sea aún más eficiente para madres y cuidadoras, el Gobierno invertirá 11 mil millones en el Presupuesto 2024 para modernizar el trámite, con el fin de mejorar la efectividad de las solicitudes y las consideraciones que se hacen desde los Tribunales de Familia. El Estado tiene que estar a la altura y responder con celeridad para el pago efectivo.

Esta es una oportunidad para nuestra sociedad, que nos permite saldar la deuda que tenemos con las niñas, niños y adolescentes de nuestro país, que no han tenido las mismas oportunidades que otros por no tener recursos para su desarrollo integral. También es justicia con las mujeres que hemos sostenido solas el costo y el esfuerzo de los cuidados.

Nuestro gobierno sigue empujando que la responsabilidad parental sea un derecho para las y los niños y no un deber opcional para los padres. Por eso es una buena noticia que, en la misma línea de corresponsabilidad, se presentará la agenda Sala Cuna para Chile, donde padres y madres pueden tener derecho a sala cuna, dejando de atribuir el deber de cuidar únicamente a las mujeres, y de paso, evitando que se perjudique el trabajo femenino.

El cambio cultural respecto a la responsabilidad parental es un imperativo hoy por hoy, y una de las preocupaciones de este gobierno, que seguirá trabajando por proteger los derechos de las infancias de Chile, de las mujeres y de que no sólo nosotras nos hagamos cargo del cuidado de nuestros hijos e hijas.

Por Tatiana Urrutia, Secretaria General de Revolución Democrática, y Lorena Meneses, Secretaria General de Convergencia Social