Consecuencias de un compromiso y educación precaria

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Han transcurrido casi 30 años desde que Chile retornó a la democracia y, desde ese momento, los discursos se unieron en un compromiso transversal: los Derechos Humanos (DD.HH.) se defenderían siempre y serían la base de nuestra política interna y externa.

Pero, ¿Qué ocurrió en Chile respecto a los DD.HH. después de la dictadura? Mucho menos de lo que se esperaba. Estamos lejos del clamor de justicia de familiares y víctimas, que buscaban que en el país no volvieran a ocurrir -nunca más- abusos de poder que perpetraran horrorosos actos en contra de la población civil. 

En este contexto es que la educación en DD.HH. pasó desapercibida para nuestras autoridades. Pese a ser una herramienta y garantía fundamental de no repetición y que debería ser impartida de forma transversal a estudiantes, funcionarios públicos –con especial foco en quienes trabajan en el Poder Judicial–, llegando a las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública.

El caso Atala Riffo y niñas vs. Chile es un buen ejemplo de la falta de educación en DD.HH. La jueza Atala fue despojada del cuidado personal de sus hijas, considerando que ellas se encontraban en una situación de riesgo y vulnerabilidad social al ser su madre lesbiana, por lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a nuestro país por considerar que hubo una vulneración a la garantía de igualdad y no discriminación.

Para evitar que casos como el de Atala se repitan, la CIDH ordenó al Estado –entre otras- implementar cursos permanentes de educación y capacitación en DD.HH., orientación sexual y no discriminación a todos los funcionarios públicos del país. Sin embargo, estos han tenido un bajo nivel de cumplimiento y, ya en 2017, la Corte señaló que no estaban abordando los contenidos requeridos.

Este año luego de una ola de violencia en contra de personas lesbianas, gays y trans, y de los inconvenientes que éstas tenían al denunciar, promovimos mesas de trabajo entre la sociedad civil, el Gobierno y las policías, donde quedó de manifiesto la crisis interna que estas últimas tienen en materia de DD.HH. Efectivamente sus mallas curriculares - modificadas el 2012 - pero carecen de una sensibilización correcta a sus equipos sobre esto.

Cuando se desató el estallido social en Chile y comienzan a salir a la luz cientos de irregularidades en los procedimientos y la brutalidad con la que están operando las policías -las que en poco más de tres semanas han terminado con más de 2.000 civiles heridos -,

comienza el cuestionamiento sobre los protocolos y la formación que están recibiendo, pero ¿qué es lo que nos sorprende si los DD.HH. nunca han sido prioridad en su capacitación?

Tuvimos cerca de 30 años para remediar las atrocidades cometidas durante la dictadura y sobre todo, para garantizar a las futuras generaciones que no se volverían a violentar los DD.HH. en Chile, pero las promesas fueron incumplidas y hoy la población está pagando la cuenta.

El recuento de acciones judiciales presentadas por el INDH nos enrostra la falta de compromiso en esta materia y más que nunca nos dice que la educación de la población es vital cuando de DDHH se habla.

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