Controversia por pensiones de gracia

La decisión del gobierno de revocar las pensiones de gracia entregadas en el marco del llamado estallido social a quienes tengan antecedentes penales ha comenzado a generar una serie de fricciones dentro de la coalición de gobierno. En particular, el Partido Comunista ha hecho ver su total desacuerdo con esta medida, señalando que “no se va a aceptar que acá se pretenda homologar el debate de que pensiones de gracia es igual a delincuentes”. La molestia incluso llegó al punto de que la tienda amenazó con ir al Tribunal Constitucional, y en caso de no tener resultados favorables ahí, escalar el asunto hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de estas amenazas, que reflejan en plenitud la cómplice visión que el PC tiene con la violencia política, el gobierno ha confirmado que el Presidente ejercerá esta facultad por vía administrativa, sin esperar los cambios a la ley sobre pensiones de gracia que se tramitan en el Congreso. Ello a pesar de que las indicaciones introducidas por el Ejecutivo a dicho proyecto fueron rechazadas por la Comisión de Desarrollo Social. La ministra del Interior ha insistido en que el gobierno enviará su propia propuesta legislativa, ante lo que cabe esperar que no se busque cambiar el sentido de lo que ya se ha comprometido frente a la opinión pública, que justificadamente ha sentido indignación frente al otorgamiento de beneficios vitalicios a quienes tienen una probada conducta delictual.

La necesidad de revocar estos beneficios se ve potenciada ante los antecedentes que ha proporcionado el propio gobierno, cuyas investigaciones han revelado que de las 418 personas que recibieron el beneficio entre el 14 de enero y el 2 de diciembre de 2022, 69 contaban con antecedentes penales al momento de recibir la pensión, 28 más de las que originalmente se habían reportado a la comisión investigadora de la Cámara de Diputados. El Ejecutivo ha reiterado su criterio de que todos quienes acrediten daños permanentes mantendrán la pensión pese a contar con antecedentes penales; de acuerdo con el catastro del gobierno, 20 de los beneficiados no acreditarían daños permanentes, por lo que sería el grupo que perdería el beneficio.

Es importante que el gobierno no solo se mantenga firme en su decisión de revocar las pensiones tal cual lo ha anunciado, sin sorpresas de último momento, pero también es fundamental que los criterios del Ejecutivo para mantener pensiones a pesar de contar con antecedentes penales sean muy restrictivos, precisamente para no seguir sentando más precedentes que distorsionen el sentido de una pensión de gracia. En ese orden de cosas, la sola acreditación de “daños permanentes” no basta por sí sola, porque ello necesariamente debería cruzarse con otros antecedentes, por ejemplo, si la persona incurrió en actitudes abiertamente temerarias o a su vez en actos de violencia que la expusieron a un riesgo mayor. Una regla prudencial aconsejaría esperar que las investigaciones judiciales concluyan en cada uno de los casos antes de entregar el beneficio, de tal manera que los hechos que justifican una pensión de gracia no puedan ser cuestionados.