Por Claudio Alvarado, director ejecutivo del Instituto de Estudios de la Sociedad
Para muchos convencionales de izquierda, la cláusula de “Estado social” que aprobó el pleno esta semana pondría una lápida al Estado subsidiario. Conviene examinar críticamente esta idea. Una cosa es cuestionar las lecturas partisanas o parciales de la subsidiariedad, y otra distinta renunciar a priori a este principio. Según comprenden y valoran diversas tradiciones de pensamiento, la subsidiariedad busca descentralizar la toma de decisiones, promover la vitalidad de la sociedad civil y, en suma, apoyar el despliegue de las agrupaciones intermedias que todos integramos (lo cual, dicho sea de paso, es perfectamente compatible con un Estado social como el alemán).
En ese sentido, los críticos de la subsidiariedad deben precisar qué es exactamente lo que pretenden modificar. Salvo que los convencionistas quieran reducir la vida social a la polaridad entre individuo y Estado, no deberían mirar este principio con tanto desdén. Algunos apuntan sus dardos al hecho de que hoy el aparato estatal solo pueda desarrollar actividades empresariales cuando lo autoriza una ley de quórum calificado. El requisito es discutible y las leyes de quórum parecen ir de salida, pero nadie aspirará -supongo- a que el Estado actúe cuándo y cómo quiera, sin límites legales.
Por otro lado, una de las manifestaciones más relevantes de la subsidiariedad es el resguardo de las libertades de enseñanza y educación. ¿Quién podría suprimirlas sin vulnerar los derechos más básicos? ¿O acaso hay relación entre las diatribas contra este principio y la incapacidad de la Convención para explicitar el derecho preferente de los padres a educar a sus hijos? Típicamente, esas y otras libertades básicas -de conciencia, de religión y de expresión- se cultivan junto a otras personas. Su vigencia, entonces, depende de una protección robusta del derecho de asociación, reflejo de la subsidiariedad en el campo de los derechos fundamentales.
Como explicamos en el libro “Tensión constituyente” (IES, 2021), el telón de fondo de este debate pareciera ser el modo de comprender lo público. Para algunos, esta esfera se identifica únicamente con el aparato estatal o con quienes se someten en forma estricta a sus reglas. Esta visión tiende a configurar un espacio público homogéneo. Quien aprecia el pluralismo social debería guardar un sano escepticismo respecto de esta cruzada antisubsidiaria.
En suma, es crucial separar la paja del trigo. La subsidiariedad efectivamente pudo ser distorsionada en el pasado reciente -por Jaime Guzmán, por sus herederos o por quién sea-, pero si es verdad que los problemas del Chile actual remiten en gran medida a la ausencia de un tejido social robusto, hoy se requiere más subsidiariedad: más apoyo y protección a las comunidades e iniciativas de las personas. No menos.
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