Financiamiento en la Educación Superior

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Hace unas semanas, la Cámara de Diputados aprobó la creación de una Comisión Investigadora del Crédito con Aval del Estado (CAE), la cual tendrá por objetivo recopilar información respecto a los deudores y estudiantes que optaron por esta vía de financiamiento.

Si bien parece una buena noticia tener antecedentes, que sirvan de base, para el debate que se originará con el proyecto que está preparando el Gobierno para reemplazar el CAE, siempre hay que considerar que los recursos son restringidos y que no podemos dejar a los estudiantes sin una alternativa de financiamiento distinta a la gratuidad. En definitiva, lo importante es que el valor de los aranceles no sea una barrera insalvable para quienes desean y pueden ingresar a una universidad. Sin duda, replantear y mejorar las políticas públicas es básico para lograr el cometido de un país mejor y con más oportunidades. Por ello, es importante tener en consideración que hay un número relevante de estudiantes de clase media que no están en gratuidad y para los cuales los créditos universitarios son la única opción que tienen para ingresar a la educación superior.

Para poder transitar hacia otra vía, es necesario conocer cuál es el impacto que ha tenido el CAE en estos años. Según los datos entregados por la Comisión Ingresa para 2017, han cursado estudios con este tipo de financiamiento 810.000 estudiantes. Casi 300 mil de ellos ya terminaron sus carreras técnicas o profesionales y del total de egresados en 2016, el 58,8% proviene de familias de los quintiles I y II.

Debe considerarse que, desde el punto de vista de los recursos públicos, un crédito permite financiar a muchos más estudiantes de lo que ese mismo monto lograría asignándose a la gratuidad. Frente a las severas dificultades que existen para aumentar los recursos públicos a educación superior, para elevar la calidad es necesario que el Estado gaste menos en aranceles. El sistema actual, con aranceles de referencia y aporte privado, junto con un pago futuro contingente al ingreso, no ha presentado mayores problemas ni deudas impagables. Por la misma razón, es una política ineficiente e injusta, bajar el aporte privado.

Hay acuerdo en que un mecanismo de créditos debe perfeccionarse y que las mejoras pueden ser muchas: ajustar el arancel de referencia a los costos reales; sacar a los bancos del sistema; que deje de ser deuda que se compute para solicitar otros créditos; resolver la aceleración del total de la deuda; hacer dos o tres tramos de pago, dependiendo del nivel del ingreso; y renegociar la deuda de quienes hoy deben pagar cuotas muy altas respecto a su ingreso, entre otras.

Aprovechemos esta oportunidad para realizar un debate serio y con calma, tomando el peso de lo que significa tomar acciones en base a un diagnóstico ideologizado. Las modificaciones en una política pública son muy importantes, siempre que contengan cambios y mejoras que apunten a tener educación superior con mayor calidad y equidad.

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