SEÑOR DIRECTOR:
La muerte de un niño o niña, como ocurrió en la comuna de Padre Hurtado, es simplemente inaceptable y desgarradora; más aún si se produce por causas prevenibles. Son hechos condenables, que no admiten indiferencia.
La Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Chile en agosto de 1990, y la ley que crea el sistema de garantías establecen que el Estado debe contar con mecanismos que permitan proteger a niños, niñas y adolescentes de cualquier forma de violencia. Sin duda, este es uno de los principales desafíos que tiene el país.
Si hablamos del contexto intrafamiliar, diferentes estudios realizados a lo largo de la última década muestran que 6 de cada 10 niños, niñas o adolescentes reciben algún tipo de violencia durante su crianza. Asimismo, según la encuesta Casen 2020, casi la mitad de los hogares con niños, niñas y adolescente en Chile han vivido o presenciado situaciones de violencia en su entorno residencial. Estos datos muestran contextos de vulnerabilidad, donde muchos niños y niñas crecen y desarrollan.
En ese sentido, el Estado y todas sus instituciones debe ser efectivo en la protección de niños y niñas contra todo tipo de violencia y contar con herramientas que se orienten a la prevención. El apoyo a las familias, en su concepto más amplio, para que puedan ejercer su rol protector, es crucial. También el fortalecimiento de las instituciones que tienen a su cargo velar por el cumplimiento de los derechos de niñas y niños. Solo la construcción de espacios protectores para la niñez permitirá llegar antes de que haya una nueva pérdida que lamentar.
Paolo Mefalopulos
Representante de UNICEF
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