Inauditas prohibiciones en difusión de resultados PAES

La entrega de los resultados de la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES) vino acompañada esta vez de inauditas instrucciones por parte de la autoridad hacia las universidades. La Subsecretaría de Educación Superior advertía que aquellas instituciones que decidieran elaborar rankings de colegios, informes, estudios con los puntajes generales o divulgar externamente los resultados de la PAES serían reportadas a la Superintendencia de Educación Superior (SES).

La Subsecretaría remarcó a las universidades que los archivos enviados se entregan exclusivamente para que las instituciones puedan realizar sus procesos de admisión y matrícula, además de realizar análisis respecto a sus procesos internos. Está prohibida la utilización de esta información para otros fines, incluyendo: contactar directamente a inscritos y/o postulantes que no hayan manifestado su intención de ser contactados por la respectiva institución; publicar estudios o informes que den cuenta sobre el proceso de admisión u otros estudios que no correspondan a los resultados de su propia institución.

La autoridad se ha escudado para efectos de impartir estas instrucciones en la ley de protección de datos personales; asimismo, hace ver que la prueba de selección solo busca medir competencias de los alumnos para la educación superior, y no medir la calidad de los establecimientos -para ello existen otros instrumentos, como el Simce-, por lo que la elaboración de rankings de colegios a partir de estos resultados resulta totalmente sesgado y solo confunde a las familias.

Esta mordaza que se pretende imponer respecto de los resultados de la PAES resulta no solo del todo inútil, ya que los datos igualmente trascienden y en la práctica se elaboran todo tipo de rankings, sino que además es del todo cuestionable que la autoridad se atribuya la potestad de pretender determinar qué información es la que pueden conocer las familias o la opinión pública. Aquí no solo se están pasando a llevar aspectos propios de la libertad de expresión, sino que además este tipo de decisiones podría dificultar a las familias el acceso a información que les permita tomar decisiones a la hora de elegir establecimientos para educar a sus hijos, donde los resultados de la PAES son un variable importante, aunque ciertamente no la única. Es extraño que se argumente que la elaboración de este tipo de indicadores podría poner en riesgo los datos personales de los alumnos que dieron la prueba, considerando que en estos casos se utilizan datos agregados.

Estos desafortunados instructivos coinciden con los menguados resultados que obtuvo la educación pública en la PAES, lo que lleva a preguntarse si esta marcada reticencia de la autoridad hacia los rankings no esconde en realidad otros afanes. Las brechas con los colegios particulares pagados se han seguido incrementando -sobre todo en matemáticas-, y es muy decidor que en el listado de los 100 colegios con mejor puntaje promedio solo figuren dos liceos municipales -el Augusto D’Halmar (lugar 21) y un Liceo Bicentenario de Temuco (60)-, en tanto que solo un particular subvencionado aparece en este listado, ubicándose en la posición 80. Los grandes emblemas de la educación pública han quedado definitivamente atrás. Es así como el Instituto Nacional, el INBA, el Carmela Carvajal y otros ni quiera figuran entre los primeros 200, y han seguido retrocediendo en el ranking, todo lo cual conlleva profundas implicancias para el país; entre otras, que la educación pública está dejando de ser un factor de movilidad social y con ello provocando una homogeneización de las elites, al provenir cada vez más de establecimientos particulares pagados.

De allí que en vez de pretender esconder el termómetro para así evitar tener que enfrentar los problemas que arrastra nuestro sistema educacional, especialmente en el sector público, lo que se necesita es poder contar con mucha más información, que precisamente permita exponer la realidad ante la opinión pública, fomentar el debate académico y político, y entregar insumos sobre todo a los sectores sociales más postergados, donde la elección de un colegio puede resultar crítica para su futuro. Pretender esconder esta realidad evitando los rankings no borrará las brechas que hoy existen en el sistema educacional. De allí que la prohibición es por lejos la peor de las opciones.