El debate sobre la reforma previsional comenzó esta semana a escribir su capítulo más importante, tras el aumento del Pilar Solidario, los anuncios presidenciales y el trabajo técnico y legislativo para acercar posiciones y llegar, esperamos, a una reforma que concite los acuerdos transversales que la viabilicen. La discusión debe estar a la altura del desafío, teniendo como horizonte el bien común, en un contexto de desconfianza y, a su vez, de gran expectativa social.

Es claro, estamos viviendo más años y la vulnerabilidad en la vejez afecta a gran parte de nuestra población. Se trata de una realidad dolorosa, que es más evidente entre las mujeres, pues en esa etapa se cristaliza una trayectoria marcada por brechas, discriminaciones en el mundo laboral ya conocidas y desventajas estructurales. Si a ello sumamos su edad de jubilación y mayor esperanza de vida, el panorama es desolador, con pensiones contributivas, en promedio, un tercio más bajas que las de los hombres, $186.000 v/s $281.000, respectivamente (Superintendencia de Pensiones, agosto 2019).

La precariedad en la vejez no es antojadiza y, en el caso de las mujeres, también responde a roles de género tradicionales. ComunidadMujer estimó -en un estudio próximo a presentarse- que el aporte al PIB del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado supera cualquier otra rama de actividad, incluida la minería, el comercio y la industria manufacturera.

Cabe preguntarse, entonces, ¿qué fórmulas se propondrán para compensar debidamente las renuncias que muchas mujeres hacen, total o parcialmente, al trabajo formal por dedicarse a las labores de cuidado? Hemos señalado que ellas no pueden hacerse cargo solas de su mayor longevidad y hemos propuesto, entre otras alternativas, la creación de un subsidio público que nivele hacia arriba las pensiones de las mujeres, aportando la diferencia entre la jubilación obtenida con la tabla actuarial promedio calculada para ellas y la de los hombres.

Poner las cifras negro sobre blanco ilustra el desafío que el país tiene por delante. Sabemos que las pensiones están en el primer lugar de las prioridades para la ciudadanía y, según la reciente encuesta CEP, ya desplazó a la delincuencia como la mayor preocupación de las y los chilenos, seguido por salud y educación. De hecho, un 64% pide que el gobierno dedique su mayor esfuerzo a solucionar el tema previsional.

Las propuestas del Ejecutivo y la oposición ya están sobre la mesa. El reto es aumentar las pensiones actuales y futuras con mayor justicia social, transparencia y competencia. Ello supone, al menos, subir la cotización por parte del empleador, como se ha consensuado, introducir mayor solidaridad al sistema, equilibrando el pilar contributivo y uno de reparto, dejar de mirar como algo neutro al género y, en definitiva, equiparar más la cancha.

Asegurar una vejez digna es construir un país sano y socialmente sustentable. Ello está en el corazón de la demanda por un nuevo Pacto Social para Chile.

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