SEÑOR DIRECTOR:
Hace algunos días conocimos la reunión que sostuvieron los ministros de Economía y Medio Ambiente, Nicolás Grau y Maisa Rojas, respectivamente, el ex alcalde de Santiago y hoy socio de PZ Comunicaciones Estratégicas, Pablo Zalaquett, junto a dirigentes de la industria salmonera en el domicilio de este último. La cita no quedó registrada en el portal del lobby y, consultado el ministro de Economía, señaló que “en general no registro todas mis comidas, salvo que se trate de un tema de interés de un particular”.
Misma historia con los ministros Tohá, Van Klaveren, Jara y Valenzuela, quienes también se reunieron con empresarios en casa de Zalaquett -en palabras de la ministra Vallejo- para conversar “sobre temas de sus respectivas competencias”. Consultados por la omisión de registro, se dieron similares justificaciones: que se trató de conversaciones generales, fuera del horario laboral, etc. En simple, nunca podremos saber -más allá de las declaraciones de los involucrados- qué se juntaron a conversar altas autoridades de Estado con empresarios de distintos rubros y un reconocido lobbista.
Esta es una señal más de que la implementación de la Ley del Lobby ha sido deficiente. Su uso ha bajado no solo en el ámbito del gobierno central, como los casos comentados, sino también del local, en el cual han disminuido los registros de lobby con alcaldes en un 75% en los últimos 7 años. Además, se trata de una ley cuyo cumplimiento no se fiscaliza. Según datos de la Estrategia Nacional de Integridad Pública recién lanzada por el gobierno, entre los años 2018 y 2022, solo se han cursado 29 sumarios por infracción a esta ley, de los cuales ninguno ha resultado en una sanción efectiva.
Paralelamente, el Ejecutivo, en una decisión que nos parece un retroceso en transparencia y probidad, ha ingresado indicaciones al proyecto de ley “Transparencia 2.0″, que implican la eliminación de la obligación de registro de audiencias entre autoridades, por lo que no se podrá fiscalizar ese tipo de citas de aprobarse el proyecto en su estado actual. Medidas como esta, van en el camino opuesto al fortalecimiento de la rendición de cuentas que se necesita en una democracia robusta y no se explican en un contexto donde la corrupción se toma la discusión pública con escándalos semanales.
Bernardo Navarrete Yáñez
Presidente del Consejo para la Transparencia
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.