SEÑOR DIRECTOR:
El gobierno modificó la estrategia, no así su objetivo político, cual es desahuciar el actual sistema de capitalización individual, pese a que - según la evidencia internacional- el sistema de reparto es demográfica y financieramente inviable. El “nuevo” proyecto del gobierno persevera en una creciente intervención estatal, tanto en el ámbito regulatorio como en la administración de cuantiosos activos de empresas privadas. Más aún, entorpece insoslayablemente, tanto el instrumental como sus híbridos objetivos.
Con una serie de voluntariosos supuestos, divorciados de la voluntad de los cotizantes, rigidiza los sensibles y gravitantes mercados tanto del trabajo como de capitales, subestimando la efectiva performance de las AFP (la rentabilidad del clásico Fondo C ha sido de un 4% en los últimos 20 años, y el gobierno alcanza a simular un 2%).
La reorganización de la industria y la nueva institucionalidad complejiza su operatividad y abre demasiadas incertezas en consecuencia para los ahorrantes, incrementando el gasto fiscal progresivamente y restringiendo inevitablemente espacios de libertad, con el desgastado pretexto de la solidaridad e igualdad, manipulada como un servicio del Estado omnipresente e ineficiente.
La ligera mejora de las pensiones actuales se lograría en desmedro de las pensiones futuras, existiendo un mejor instrumento para ello, como sería perfeccionar la PGU. En efecto, si el 6 % fuese a capitalización individual, con una densidad de cotización del 70%, (superando el histórico un 57%), se lograría una mejora del 80% de la pensión autofinanciada actual, según simulaciones con datos econométricos. Tres veces superior al incremento marginal que bajo supuestos no demostrados promete la reforma del gobierno con el 3% privativo.
De los 38 países OCDE, 27 de ellos tienen contemplado subir la edad de jubilación por sobre los 70 años en un horizonte comprometido, (Italia/Dinamarca) más la imprescindible mayor apertura a inversiones alternativas permitiendo así recuperar rentabilidades. Estas dos iniciativas postergadas por décadas, marcan la diferencia, más el decidido robustecimiento de la obligatoriedad de cotizar.
Sin mayores experimentos, tanto de separar y desmantelar la industria como de ensayar traspasos de capitalización propia a un endeble e insostenible fórmula de reparto; existiendo un validado mecanismo de previsión garantizada universal, aportado por toda la sociedad vía el presupuesto nacional.
Rafael Aldunate
Vicepresidente Instituto Libertad
Comenta
Los comentarios en esta sección son exclusivos para suscriptores. Suscríbete aquí.