Otra descentralización para Chile: ¿profundizar o transformar la capacidad de acción territorial?



Por Ignacia Fernández, investigadora principal de Rimisp

La descentralización será, sin lugar a dudas, un tema importante de debate para la Convención Constituyente. Aunque en la forma pareciera existir un acuerdo casi transversal sobre la necesidad de avanzar en esta materia, hay diferencias de fondo en cómo distintos sectores comprenden la contribución de la descentralización al desarrollo y el bienestar del país.

Chile evidencia escasos avances en la materia. Además, los existentes han estado inspirados por una lógica administrativa, que prioriza la eficiencia de la gestión pública, por sobre otros objetivos estratégicos de profundización democrática y desarrollo territorial.

El momento constituyente actual puede ser un buen momento para cambiar definitivamente esa lógica y dar inicio a un nuevo ciclo de descentralización, al servicio de un nuevo modelo de desarrollo. Una descentralización para un desarrollo participativo y territorialmente equitativo, donde no sea el gobierno central ni las empresas privadas quienes decidan sobre el uso de recursos esenciales para los territorios, como son el agua, la tierra o los recursos marinos, donde se reconozcan y puedan desplegarse proyectos identitarios y socioculturales diversos.

Para que esto sea posible, es fundamental que cada territorio cuente con la autonomía, las herramientas y los recursos necesarios para desplegar su máximo potencial. Un modelo conocido y probado en otros países, que de elevarse a rango constitucional puede contribuir a promover el desarrollo territorial, es el modelo de Estado Regional. Un Estado Regional compatibiliza la unidad con la autonomía y la cooperación multinivel. La autonomía política de las regiones está garantizada por la Constitución, e incluye gobiernos regionales y municipalidades con capacidades financieras, políticas y administrativas para diseñar políticas públicas que permitan enfrentar las demandas del territorio y sus sociedades regionales.

Pero la descentralización es solo una de varias estrategias necesarias para construir un Estado territorialmente solidario, diverso, sostenible y equitativo. Es fundamental, además, revisar el impacto que potencialmente puede tener sobre los territorios todas y cada una de las nuevas normas constitucionales que regulen derechos de propiedad, ambientales, de acceso y uso a los recursos naturales, entre otros, cuyo impacto directo sobre el territorio es evidente.

El tema ya está puesto en la agenda. Lo importante ahora es asegurar una discusión amplia, que visibilice las concepciones de Estado y sociedad que subyacen a distintas visiones de descentralización, poniendo en el centro de esa discusión al territorio y sus habitantes. Se trata de asegurar que el nuevo ciclo de descentralización que emerja de la nueva Constitución permita una mejor distribución del poder territorial.

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