Paso fronterizo de Chacalluta: un nuevo muro

Esta columna fue escrita junto a Carolina Muñoz, directora de la escuela de Trabajo Social UC y Sara Caro académica Trabajo Social UC.

Vemos con impacto lo que sucede desde hace varios días en el paso fronterizo de Chacalluta, Arica: más de 300 venezolanos permanecen varados sin poder ingresar a Chile.  A medida que pasan los días, la crisis en el lugar se ha ido acentuando, apoyada por la lentitud con que las instituciones públicas han respondido. Nos preocupa especialmente el nuevo requerimiento impuesto por las autoridades chilenas: visa consular para poder ingresar al país. Estas visas son de dos tipos: visa consular de turismo simple, que exige una serie de documentos que respalden el viaje como turismo (pasajes de ida y vuelta, monto económico para estadía, entre otros), y visa consular de responsabilidad democrática que se debe solicitar en el consulado chileno correspondiente al lugar de residencia. Ambas opciones son inviables en tanto no responden al contexto actual marcado por el desplazamiento forzado. Todo ello configura una situación alarmante, que toma ribetes de crisis humanitaria de la cual no podemos ser meros espectadores.

Sabemos que quienes están en la frontera no vienen en calidad de turistas, por el contrario, vienen huyendo de la situación que hay en su país y buscando refugio. Son familias, niños y niñas, jóvenes, personas mayores, mujeres embarazadas y lactantes. ¿Cómo hemos respondido a ello? Permitiendo que pasen días durmiendo a la intemperie, sin comida ni ayuda médica, dejando espacio al tráfico de personas, anulando su dignidad, esas personas se ven nuevamente expuestas ¿Es que no han tenido suficiente?

Consideramos incoherente que un gobierno que reconoce una sistemática violación de derechos humanos en Venezuela y una crisis migratoria dificulte para ellos la entrada en su frontera. Ante este escenario, debe primar el enfoque de derechos así como el cumplimiento de los tratados internacionales. El derecho a pedir asilo o refugio para quienes vengan de países en conflicto está garantizado, y ante ello el Estado tiene el deber de acoger sus solicitudes, tramitarlas, respetarlos y dejarlos entrar.

Hasta ahora, la principal medida anunciada es la solicitud de visa consular para estas personas, lo que sin duda dificulta la tramitación regular de la documentación y no merma los flujos migratorios, por el contrario, aumenta la irregularidad y el tráfico de personas, incentivando los mecanismos no legales.

¿Reconocemos una crisis humanitaria en esto? ¿Somos un país solidario?, ¿Nos preocupa el resguardo de la democracia y  el respeto por los derechos humanos? ¿Entregamos mayor valor a nuestros actos o sólo nos quedamos en declaraciones? ¿Nos acercamos a las políticas deshumanizadas implementadas desde Estados Unidos?

Amplias son las críticas al gobierno de Estados Unidos por sus políticas migratorias y si bien en este caso no se trataría de levantar un muro de concreto y albañilería, las decisiones que se están tomando generan barreras e impedimentos sistémicos que se acercan a la idea de un nuevo muro.

Como Escuela de Trabajo Social UC hacemos un llamado abierto -especialmente al gobierno- a hacernos todas estas preguntas, a enfrentar esta crisis humanitaria que impacta la integridad de toda persona, especialmente de niños y niñas, y a cumplir tratados internacionales y estándares de derechos humanos.