PBU: una propuesta problemática

Por Guillermo Larraín, FEN U. de Chile

Establecer una pensión básica universal (PBU) es una forma que tendría el Estado de atender necesidades financieras de personas mayores de una forma simple y directa, aunque por supuesto cara. Cuán cara sea la propuesta dependerá obviamente del monto de esa pensión básica universal.

El monto que se propone hoy es de 6 UF ($176.310). Esto es mejor que lo que hay, pero está lejos de ser satisfactorio en un principio de suficiencia de la pensión. Si tomamos como referencia la tasa de reemplazo del 70% que es la que usualmente se aspira en promedio en un sistema de pensiones y usamos el salario mínimo como punto de partida para comparar nivel de vida, el monto al cual esa pensión debiera converger es de $228.550. Si en lugar del salario mínimo tomamos como referencia el salario mediano de la economía, la pensión debiera situarse en torno a $287.000.

Este análisis simple sugiere que es razonable esperar que, a través del tiempo, haya presiones para que la PBU aumente, en términos reales, entre 30% y 60%. Pero como el salario mínimo se reajusta un 2% real al menos, el incremento absoluto será aún mayor.

La economía política de la PBU apunta hacia un incremento sustancial en su costo fiscal. Esta consideración me hace pensar que estamos en presencia de una propuesta que alcanzará dos límites que, en el tiempo, podrán en entredicho la promesa que hoy se hace.

En primer lugar, la PBU no cuenta con financiamiento asignado. Con los niveles actuales de endeudamiento y déficit, no imagino a ningún ministro de Hacienda que no se vea forzado a oponerse a esos incrementos en la PBU. Con la dinámica de las finanzas públicas y la fuerte presión por nuevo gasto que surgirá desde el proceso constituyente, no sería raro que en algún momento el incremento en la PBU entre en conflicto con otras necesidades que también parecerán urgentes. Usando un lenguaje de otras épocas: la PBU es un gasto permanente que no tiene financiamiento permanente, solo una promesa de buena voluntad del gobierno. No están dadas las condiciones de confianza para que esto sea creíble.

Segundo, una forma alternativa a negar financiamiento es… limitar el derecho, es decir, que la PBU no sea universal. Esto ya comenzó a plantearse pues se dice que será solo para el 80% y no el 100% de la población. Esto parece una nimiedad, pero es un verdadero problema operacional con graves consecuencias políticas. La pregunta es cómo se define quién está en el 80% de más necesidad. Es exactamente el problema que he criticado: la forma de definir quién es elegible o no para distintas prestaciones sociales es compleja e imperfecta. No se puede crear condiciones en las cuales las personas se vean forzadas a falsear información para acceder a un beneficio que según ellas necesitan, pero que según el Estado, no.

Aun siendo un instrumento valioso, la PBU no es creíble porque no se condice con la tradición chilena en materia de focalización ni con las restricciones fiscales previsibles de los próximos años.

Hay un camino alternativo: utilizar el 6% de cotización del empleador -que no pasa por el tesoro público y sobre el cual ya hay un acuerdo político- para crear un fondo de ahorro colectivo (pues un principio de la seguridad social debe ser su sustentabilidad) que permita incrementar pensiones hoy y buscar formas creativas y sustentables de mejorar gradualmente pensiones en el futuro (otro principio debe ser la solidaridad).